A los medios de comunicación nos toca participar en la construcción del consenso, cumplir funciones de servicio público, y ser mediadores políticos, ideológicos y socioculturales; a los funcionarios públicos, responder con inmediatez, oportunidad, transparencia y veracidad ante la solicitud de información que realicen los periodistas y directivos de las organizaciones mediáticas, en el ejercicio de su función social.
Así dice, a grandes rasgos, la Ley de Comunicación Social, que, aunque muy reciente, debe comenzar a provocar cambios, no solo en los modos de actuar, sino, también, y, sobre todo, en las maneras de pensar.
Nadie dijo que esta transformación sería sencilla, lo que sí queda claro es que tiene que ocurrir, porque sobran ejemplos de malas prácticas.
Me viene a la mente un directivo que decidió negar información a Invasor porque “no hay nada bueno que decir, mejor esperamos a que las cosas mejoren”, como si no fuera importante mantener al tanto a la población del estado actual de un problema, las causas y las perspectivas de solución; como si evitar que rueden bolas no fuera necesario en el contexto actual, preñado de noticias falsas y manipulación de la realidad.
Lo peor es que quienes actúan así no solo incumplen con lo legalmente establecido, sino que, además, se vuelven cómplices de la desinformación.
Otra sinrazón es la usurpación de funciones, o el intrusismo profesional, como se le quiera llamar. Si bien es cierto que la figura del comunicador social, en los organismos e instituciones, resulta clave para la gestión de la comunicación, es contraproducente que los directivos se complazcan con lo que este hace en sus perfiles en redes sociales en Internet, obviando así el impacto y alcance de los medios fundamentales de comunicación.
A ningún periodista, en su sano juicio, se le ocurriría, sin conocimiento y capacitación previos, diagnosticar, gestionar o implementar una estrategia de comunicación de una institución; no debiera el comunicador igualar el impacto de la publicación de una información de interés público en un perfil institucional en redes sociales y mucho menos personal, con lo que ocurriría si fuera en un medio de comunicación.
Tampoco es coherente con la Ley y su Reglamento adoptar decisiones a nivel de organismos, relacionadas directamente con la población, sin que su puesta en práctica esté antecedida, y luego acompañada, con acciones de comunicación.
Está en boga que informaciones de interés público solo se ofrezcan en el lugar donde deben materializarse, pero —y casi siempre existe un pero— no siempre el mensaje llega tal cual al receptor, porque olvidamos que el proceso de comunicación no es lineal, y está mediado por las predisposiciones, las habilidades comunicativas, y hasta por la preparación de la persona.
Tanto es así que se ha dado el caso, y esto ha provocado irritación en la población, de que decisiones puntuales sobre la distribución de leche y pan, por citar solo dos ejemplos, han tenido explicaciones distintas, el mismo día, en unidades de comercio del mismo municipio.
Reconozco que vivimos momentos muy complejos, en los que emitir una información oficial puede provocar disímiles reacciones, más cuando, a veces, la harina para el pan de mañana marcha sobre ruedas y la leche está todavía por llegar, pero es preferible correr el riesgo de un posible cambio, que mantener en vilo a quienes cuentan con esos dos alimentos para el desayuno del otro día. Testigo hemos sido de personas yendo y viniendo a la bodega todo el día, sin una orientación acertada.
Por suerte, también hay buenos ejemplos, pero en confiarse radica el peligro; la cuestión está en prevenir, porque, en materia de comunicación, el control de daños puede tardar y no hay garantía de que resulte efectivo. Estamos hablando de deberes y derechos, y eso es ley.