El impago de tributos recae en la falta de financiamiento en un Presupuesto que, a la larga, beneficia a todos
Tomada de CubadebateOcultar o falsear información al completar la Declaración Jurada es otra de las formas de incurrir en un delito de evasión fiscal Que entre el incumplimiento de las obligaciones tributarias y el delito de evasión fiscal hay una línea divisoria muy fácil de cruzar es una realidad de la que se tienen muchas pruebas y pocas dudas. Aun así, no faltan quienes se aventuran a “jugarle cabeza al fisco” porque “los impuestos te asfixian”, en un acto que, además de dejar muy mal parada a la cultura tributaria que aspiramos lograr, si se mira a fondo, lleva en sí el egoísmo de no ver más allá del bolsillo propio.
Y aunque algunos lo crean un fenómeno exclusivo de millonarios o famosos que en otros lugares del mundo acaparan titulares en diarios y revistas por sus conflictos con Hacienda Pública, tampoco es que por estos lares salgamos ilesos. Claro está, habrá que salvar distancias si, como reconocía Sonia Fernández Ramírez, directora jurídica de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el programa televisivo Cuadrando la caja, no podemos hablar aquí de paraísos fiscales y sistemas tributarios altamente complejos. Pero menos complejidad no significa, necesariamente, menos preocupación y control.
Entonces, donde decimos egoísmo también valdría decir irresponsabilidad, si ni siquiera el desconocimiento de la ley clasifica como excusa para incurrir en un delito—reconocido como tal en el Código Penal vigente—, en el que evadir el pago de las obligaciones como contribuyente hace tan culpable como quien oculta, falsifica o altera información.
Son indisciplinas que, a la larga, no están exentas de convertirse en una afectación con impactos considerables en una de las fuentes fundamentales de ingresos al Presupuesto del Estado. En 2023, por este concepto, se prevé recaudar el 53 por ciento del monto aprobado, según informó Vladimir Regueiro, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios (MPF).
Los cálculos, más que en números, habrá que hacerlos en materia de beneficios y satisfacción de necesidades, si, como explicara la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, este año el Presupuesto concentra los mayores gastos en el sector social (251 222 millones de pesos), cifra que, dificultades aparte, muestra una clara prioridad para el respaldo al desarrollo de los programas sociales y de servicios básicos a la población. Como se ha insistido, estos servicios pueden no hacer distinciones en cuanto a gratuidad, mas cuestan.
Igual lectura podría hacerse si apuntamos el catalejo a lo local, en tiempos donde los aportes tributarios se traducen, de igual manera, en mayores ingresos para presupuestos municipales urgidos de parecerse más a las características y necesidades de los territorios, si queremos que la autonomía municipal deje de ser quimera. A fin de cuentas, es allí donde se materializa la mayor parte de los programas de gasto social, como la reanimación de los barrios, la política de subsidios y la atención a madres con tres o más hijos, en los que el presupuesto, muchas veces, pone techo a las intenciones.
De esta manera, los perjuicios de la evasión fiscal habrá que medirlos desde lo financiero, toda vez que no se cumplen los ingresos y ello impide sufragar un grupo de gastos sociales; y también desde la impunidad que genera el irrespeto a las leyes tributarias, y el incumplimiento de los deberes y derechos de los contribuyentes. El impago de tributos, o mentir en la declaración jurada, nunca podrán ser opciones para aumentar la rentabilidad de un negocio, sin contar que, al amparo de este delito, pueden confluir muchas otras actividades delictivas igual de preocupantes.
Si bien en 2022 las denuncias presentadas por evasión fiscal en los tribunales avileños disminuyeron casi a la mitad respecto a 2020, momento en que la deuda contraída por los contribuyentes superó los cinco millones de pesos—según datos aportados por Reinier Alejo Gómez, jefe del Departamento Jurídico de la ONAT en Ciego de Ávila—, el camino a recorrer hasta llegar a un juicio no es tarea de un día. La Oficina debe presentar muestras documentales de las gestiones que ha realizado para cobrar la deuda, demostrar que la conducta del acusado rebasa el ámbito de las exigencias administrativas, y que las actitudes y acciones de este evidencian la intención de evadir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
A pesar de que, llegados a esa instancia, como precisa Alejo Gómez, la mayoría prefiere saldar la deuda antes de cumplir prisión, no se trata de instaurar una cultura de castigo, sino más bien de continuar apostando por una cultura tributaria que estimule esquemas de solidaridad y responsabilidad social ajustados al nuevo escenario económico, porque ahora, más que nunca, a ese crecimiento al que aspiramos como nación le urge el aporte de todos.