Ante el alza constante de precios, la complejidad de la economía toda en el actual contexto y que el trabajo estatal muchas veces insatisface las expectativas hechas por los empleados con sus salarios, empieza a perderse fuerza laboral en este sector.
Como opción para suplir esas necesidades, algunos deciden emigrar al no estatal. En la actualidad, la provincia de Ciego de Ávila cuenta con 203 micros, pequeñas y medianas empresas, y más de 25 000 avileños están incorporados al trabajo por cuenta propia. Ambas estadísticas que ofrece la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social son resultado de un ascenso exponencial en los años recientes. La escalada continuará siempre y cuando poner conocimiento y esfuerzo a disposición de empresas estatales sea irrentable.
¿Puede tener algún costo desplazarse hacia el sector no estatal? Sí. Junto al probable abandono de metas profesionales por mejorar el bolsillo, también lo son las irregularidades asociadas a la calidad de empleo.
Vale aclarar antes de empezar que, la informalidad y demás inconvenientes no son características de todas las mipymes, por ejemplo, ni exclusivas de las formas de gestión no estatal, si bien en muchas ocasiones es más recurrente.
Lo primero: el empleado comienza a laborar sin siquiera tener un contrato por escrito donde paute ciertos derechos y responsabilidades para valerse él e, incluso, su empleador, frente a una situación dada.
A la ausencia de un acuerdo más allá del verbal, el trabajador se expone a, entre otros tantos ejemplos, la prohibición del goce de sus vacaciones o el régimen de descanso no sea el adecuado. Para elevar la producción y sus ganancias, asume asimismo una jornada superior a ocho horas.
Si bien el Código de Trabajo por el cual se deben regir todos los actores económicos ampara la maternidad y la paternidad, tomar esa licencia pudiera significar el despido, al tiempo que cualquier reclamo de sus garantías sería capaz de generar lo propio.
Desprovistos de amparo, al empleado lo “echan” sin probársele necesariamente su caída en el rendimiento o la autoría en una indisciplina grave, sin análisis previos de ningún tipo y mucho menos ofreciéndole oportunidades de continuar, así sea, en otras funciones. El “jefe” se cree con toda la potestad para hacer y deshacer, pues “así es en los países desarrollados”.
A razón de solventar la inflación, de poder darse ciertos “lujitos”, hay quien se expone a los riesgos de trabajar en condiciones precarias, sin equipos de protección o indumentaria requeridos. Es útil reiterar que esta violación, como las anteriores, también incide en el sector estatal.
Con el propósito de asegurar calidad de empleo y corregir distorsiones económicas, entrarán en vigor, desde el próximo 18 de septiembre, disposiciones jurídicas para las formas de gestión no estatal. Entre las modificaciones aparece entonces que el contrato ahora ha de ser por escrito.
Además, las ayudas familiares habituales o permanentes deben considerarse empleados para su inserción al régimen general de seguridad social. Los empleados cesarán como cuentapropistas y, para su beneficio, abonarán menos a las oficinas de impuesto.
El titular, por su parte, mantiene su norma fiscal, declaró a Invasor José Luis Rodríguez Fernández, profesor de legislación laboral y seguridad social del Instituto Provincial de Estudios Laborables.
En correspondencia con el Decreto 96 han de erradicarse manifestaciones cada vez más comunes en el ámbito laboral, como el acoso contra la mujer, la homofobia, el racismo u otras discriminaciones. Apremia la igualdad de oportunidades para todos si muestran ap(c)titud para un desempeño idóneo de sus funciones; y no que en los “castings” donde escogen trabajadores pesen más otros “atributos”.
Del mismo modo, resulta inconcebible el trabajo infantil y, por si fuera poco, que se romantice o se empiece a concebir como “natural”, cuando el país ha de ser radical con esta práctica. Sin vacilaciones, la ley debe proteger el crecimiento de niños libre de abusos, en pleno disfrute de las actividades propias de la edad.
La informalidad aqueja bastante. A veces lo hace de “forma silenciosa”, como si nada pasara. Detectadas las transgresiones concernientes y en favor de los menos favorecidos, la implementación de las nuevas normas no puede ser letra muerta ni su aplicación tener concesiones o ser perecederas.