Sé que el título adelanta, en grandes proporciones, la conclusión (no el final) del caso que describe en su carta Rigoberto Fernández Castillo, escritor y poeta residente en el municipio de Chambas. Sin embargo, lo prefiero por cuestiones que usted, amigo lector, entenderá mientras deje correr su vista por estas líneas.

Cuenta el remitente: “Me desempeño laboralmente como custodio en la Unidad Empresarial de Base (UEB) La Casita Criolla, fábrica de tabacos, ubicada en esta localidad. En ella poseo una larga e impecable trayectoria laboral.

“El pasado 24 de febrero de 2021 dos compañeros de trabajo resultaron positivos a la COVID-19, y fueron aislados. Se le orientó al resto de los trabajadores mantenerse en sus viviendas. En el caso específico de los custodios, dada la necesidad de preservar los recursos existentes en la instalación, recibimos la orden de permanecer laborando de acuerdo con los turnos establecidos, teniendo en cuenta que estaríamos solos, sin contactos. Esta orientación la recibimos de Julio Antonio Torres Torres, jefe de Producción, y de Ricardo Varona Pestana, director de la Empresa Agropecuaria de Florencia. Ambos confirmaron haber efectuado las consultas necesarias en ese sentido.

“Para estar seguro de lo correcto de esta decisión, llamé a las instancias requeridas, y me confirman tener conocimiento del caso, pero que aún no habían podido contactar y coordinar con la Directora de Higiene y Epidemiología del municipio. Pido orientación y me indican que permanezca en mi puesto de trabajo. Transcurren apenas cinco minutos de esta llamada y se presenta ante mí la inspectora del Ministerio de Salud Pública Lisvania López Jons, la cual me impone una multa de 2 000.00 pesos. Esta compañera me confiesa haber estado presente en el momento de mi llamada a la instancia superior.

“Pagué la multa por temor a que se duplicara, y apelé por escrito ante esta injusta y arbitraria medida, dentro del término establecido. Pocos días después acudió a mi casa la doctora Damarys Ferrón, directora Municipal de Higiene y Epidemiología, a comunicarme que mi apelación había sido denegada.

“(…) En este momento la pérdida económica de 2 000.00 pesos se siente, pero mucho más se sufre en lo moral, pues agobia y mortifica haber sido víctima de una situación inexplicable, a partir del acatamiento correcto de las orientaciones de quienes aquí dirigen”.

La conclusión la conocían desde el título. Y reitero la conclusión. El final, ojalá y no sea este, sino uno más alentador. Pero no va este redactor a aventurarse a dar criterios o recetas de justicia —de la que creo debe ser— por adelantado. Confiemos en que las autoridades chamberas revisiten el caso y llegue al buzón de Cartas Abiertas una respuesta otra, y Rigoberto, usted y yo, quedemos satisfechos.