Desde hace casi seis décadas el pueblo cubano batalla contra el peor cerco económico que ha conocido nación alguna: el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos.
Desde su entrada en vigor en 1962, dicha política injerencista norteamericana ha causado miles de millones de dólares en perjuicio al desarrollo de Cuba en todos sus sectores, pero sin lugar a dudas, el sistema de Salud de la Mayor de las Antillas encabeza la lista de más afectados por las limitaciones impuestas por Washington.
Recrudecidas a partir de las más de 240 medidas coercitivas dictadas por la administración del republicano Donald Trump, estas limitaciones, lejos de detener el avance de la ciencia y la salud cubanas, llevaron a sus profesionales a protagonizar hazañas en cuanto a innovación y tecnología al servicio de la sociedad, sobre todo en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.
Como resultado de este proceso, hoy se exhiben logros irrefutables de la ciencia cubana, como la existencia de cinco candidatos vacunales para el enfrentamiento de la COVID-19, así como otros en beneficio de todos los sectores de la nación como la creación de empresas de alta tecnología, de parques científicos y tecnológicos y de empresas de interfaz en las universidades.
La Salud Pública, sector priorizado para el gobierno cubano, ha recibido un impacto cuantioso debido a esta política unilateral, y, a pesar de ello, considerables han sido los esfuerzos realizados por el Gobierno de la Isla para garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación a todos los ciudadanos.
Según el último informe anual “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América a Cuba”, los daños acumulados durante 60 años alcanzan la cifra de 3 074 millones 33 738.00 dólares solo en el sector sanitario. De igual forma, en el período de abril del 2019 a marzo del pasado año 2020, causó pérdidas a esa esfera en el orden de los 160 millones 260 880.00 dólares.
Pero, más allá de los números ¿Qué significa el bloqueo para el sector sanitario cubano? El bloqueo niega el acceso a tecnologías médicas de procedencia estadounidense o con más de un 10 por ciento de componentes provenientes de ese país, situación reflejada, por ejemplo, en la negación al acceso a los ventiladores pulmonares, imprescindibles para el tratamiento de la COVID-19.
Ante tal limitación, Combiomed, empresa cubana de tecnología médica digital, trabaja en el próximo lanzamiento del prototipo de ventilador pulmonar de altas prestaciones de producción nacional. Asimismo, el Centro de Inmunoensayo (CIE) desarrolló el pasado año, en apenas seis semanas, un novedoso sistema para el diagnóstico de la COVID-19, basado en la tecnología suma (Sistema Ultramicroanálitico).
Para hacer frente a esta situación la ciencia cubana siempre ha levantado su mano en favor de la vida; cuando negaron medicamentos contra el cáncer, nació el Vidatox, elaborado con veneno de alacrán; cuando cerraron las puertas a las vacunas del primer mundo, la ciencia antillana dio a conocer cinco candidatos vacunales anti-COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Mambisa y Abdala.
Por otro lado, el gobierno estadounidense, con su decisión de arremeter contra la cooperación médica cubana, le ha negado a más de 67 millones de personas la oportunidad de recibir atención médica gratuita por parte de los profesionales cubanos, debido a las afectaciones causadas a acuerdos bilaterales firmados por Cuba con varios países, sobre todo de las Américas.
No obstante a la feroz campaña desatada contra la colaboración de la Isla, el ejército de batas blancas ha combatido la COVID-19 en naciones de África, América y Europa, como parte del contingente Internacionalista Henry Reeve, creado por el Comandante en Jefe, Fidel Castro, en el año 2005.
A pesar de las terribles consecuencias del bloqueo, Cuba nunca ha estado sola en su batalla por la justicia y en la arena internacional decenas de naciones apoyan cada año la resolución cubana contra esta política, cuyos daños acumulados durante toda su aplicación alcanzan la cifra de 144 413.4 millones de dólares a precios corrientes.