Ley Helms-Burton: politiquería vs. sentido común

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Cuba también tiene demandas contra Estados Unidos por daños y perjuicios. Los vecinos solo lamentaron “pérdidas económicas”. Nosotros tenemos muertos

Es como si ahora, a alguno de los productores de las muchas minindustrias que han reconfigurado a Ceballos a fuerza de trabajo y sudor, viniera un bisnieto del tal George H. Gillet a decirles que su pariente neoyorkino compró, terminando el siglo XIX, toda la tierra roja bajo sus pies. O que algún descendiente de Ezra James Barker quiera volver a administrar los potreros de Turiguanó, con las Santa Gertrudis incluidas.

Eso es lo que dice el Título III de la Ley Helms-Burton que Donald Trump dejó de posponer el 2 de mayo pasado; un nuevo capítulo en la larguísima historia de hostilidad hacia Cuba por parte de Estados Unidos. El míster sabe que esas demandas y reclamaciones, cayendo ya como moscas en el pastel, no conducirán a ninguna parte, pero acaso su bravuconería, la amenaza y ahora el pleno vigor del tercer título solo buscan mantener ocupada y entusiasmada a la claque de Miami, de cara a las elecciones del año venidero.

Según recoge la historia, el tal Gillet hizo el negocio del siglo. Consiguió, por una minucia, seis dólares por acre (equivalente a media hectárea), todo el terreno comprendido entre los fortines 33 y 44 de la Trocha de Júcaro a San Fernando, de conjunto con otros inversionistas españoles y estadounidenses, para luego fundar lo que se conoció como The Development of Cuba Company. A día de hoy no sabemos quién les vendió esas tierras. Lo que sí podemos asegurar es que ya para entonces no quedaban sobre la faz de la Isla ninguno de los habitantes nativos, únicos que podrían autodenominarse dueños de Cuba.

Ley Helms Burton La historia del señor Barker tampoco está escrita, pero no hay que ser muy erudito para darse cuenta de que Turiguanó siempre estuvo allí y que cuando los yanquis llegaron y plantaron su bandera a cambio de unas monedas, no fue a los verdaderos propietarios a quienes simularon pagar el islote. Sencillamente porque no se la habrían vendido.

• Los “dueños” del Ciego de Ávila de 1959.

Por eso la Helms-Burton es tan desatinada, porque pretende hacernos creer, 60 años después de la huida de muchos, incluso antes de que los “tocaran”, que los dólares de antaño compraron el derecho sobre un país que hacía otros 100 años peleaba a muerte su soberanía.

En ese punto no nos entendemos y, de hecho, no lo entiende medio mundo. Ya lo dijeron los europeos y los canadienses, dos de los más antiguos y consistentes inversionistas extranjeros en Cuba: van a defender ante las cortes pertinentes, atenidos al Derecho Internacional, los intereses de sus ciudadanos. Vamos, que si los reclamantes dicen querer su dinero, los europeos también.

• Audiencia pública: La ley Helms-Burton no solo es injusta, también es ilegal.

La lista de reclamaciones reconocida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es larga y suma varios miles de millones de dólares. Mas, en honor a la verdad, esos ciudadanos estadounidenses, a quien primero deberían exigir, es a su gobierno, porque fue esa entidad la que desechó la propuesta cubana para el pago de las nacionalizaciones y expropiaciones a principios de los 60. Si Cuba honró sus deudas con el resto de las empresas extranjeras nacionalizadas, no hay motivos para creer que no lo habría hecho con las estadounidenses.

“Fue la actitud asumida por EE.UU. de cancelar la cuota azucarera cubana primero, y la imposición del bloqueo a la isla, lo que impidió a los nacionales estadounidenses recibir la indemnización por las propiedades nacionalizadas y no la ausencia de voluntad o disposición de la parte cubana, como EE.UU. pretende confundir a la opinión internacional”, explica Alejandro Aguilar, Investigador Titular del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas.

• Lea aquí La indemnización por nacionalizaciones.

Ahora el Título III se presenta con la misma arrogancia con la que actuó la administración de entonces, anteponiendo la politiquería a los intereses de sus ciudadanos, tratando de atropellar el sentido común y la legalidad. Pero ahora la negociación es distinta. Cuba también tiene demandas por daños y perjuicios. Los vecinos solo lamentaron “pérdidas económicas”. Nosotros tenemos muertos.