Otra vez la tensa situación que vive el país con la ocurrencia de apagones muestra la necesidad de avanzar en la transición energética hacia fuentes renovables (FRE).
La cola que trae el tema va más allá de la disponibilidad tecnológica de las centrales térmicas y de la generación distribuida, al representar un quiebre de la dependencia desmedida a la importación de combustibles fósiles (en nuestro caso cerca del 95 por ciento de la matriz), además de soberanía o autosuficiencia y cuidado del medio ambiente, con la reducción de gases de efecto invernadero.
Una bondad que no se aprovecha lo suficiente es la radiación solar promedio de más de cinco kWh (kilowatts/hora) por metro cuadrado al día, considerada alta e imposible de afectarse por sanciones extraterritoriales y ajena a las fluctuaciones del precio del petróleo.
Pero sacarle provecho al “regalo” del astro rey choca con las limitaciones de las fuentes de financiamiento. El impulso que tuvo aquí en 2017 y 2018 con la construcción de tres parques solares fotovoltaicos conectados al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), y una potencia instalada de 11,6 MW (megawatts), se vio paralizado en un programa que podría tener al menos una de estas instalaciones por municipio. Los costos de inversión constituyen una barrera, pero la explotación a mediano y largo plazos hace más rentable la operación que otras renovables.
Según estudios recientes, de lo que el SEN pudiera asimilar y de la evaluación de los potenciales, se estima que al cierre de la presente década puede obtenerse un 37 por ciento de participación, razones de más para acelerar el paso.
“Por ejemplo, debíamos tener concluidas hasta la fecha inversiones por 506 MW y se han terminado 302 MW. Esto representa el 60 por ciento de la política”, así lo reconocía el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, en el espacio televisivo Mesa Redonda, en agosto último.
A pesar de la política nacional aprobada, para cuya implementación durante el último lustro se han destinado más de 500 millones de dólares, los avances son insuficientes. Estimados señalan que disponer de más de 2 000 MW mediante nuevas capacidades de las FRE dentro de nueve años requerirá un financiamiento de más de 3 000 millones de dólares.
El querer y el poder, lamentablemente, no parecen ir de la mano. Un reciente reporte de prensa desde Las Tunas mostraba que el parque eólico Herradura Uno ya no tendrá todos los aerogeneradores previstos en su diseño original, a causa de limitaciones financieras para su construcción. Ojalá y brisas más fuertes de la economía nacional soplen para reactivar la totalidad del proyecto.
En el futuro es importante afinar el tiro en los proyectos que incluyan bioeléctricas asociadas a centrales azucareros. Del lado del consumo de las personas naturales se dan pasos para que quien tenga la posibilidad pueda importar, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos libres de aranceles. Buena opción para sortear los apagones, “al menos de día”, dirá más de uno.
Y aunque las renovables, por su carácter discontinuo, poco predecible y “no despachable” (es decir, que no se pueden emplear en el momento exacto de requerirse, a excepción de la hidroeléctrica y la biomasa), no son la solución única a los problemas de generación eléctrica en Cuba, sí resultarán vitales en este empeño.
Al respecto, el profesor titular de la Universidad de La Habana, Daniel Stolik Novygrod, resalta cómo la solar fotovoltaica, con las oportunidades, ventajas y potenciales que posee en el territorio nacional, aportará decisivamente “con la combinación de la generación centralizada más descentralizada, utilizando la flexibilidad de las plantas térmicas, las posibilidades de utilizar el mínimo técnico de las de crudo nacional en función del pico eléctrico fatal vespertino nocturno, el desarrollo fotovoltaico en todos los sectores (utility, industrial, comercial, social y residencial)”.
Los pasos dados no han de verse solo como beneficios medioambientales o económicos, sino de soberanía, imprescindible para el sustento de cualquier nación.