Aunque han transcurrido 145 años, las líneas con las que nuestro José Martí definiera el significado y alcance del diputado, en tanto figura pública esencial, siguen siendo definitorias en las circunstancias actuales y aportan luz a solo unos días de que los electores determinen si la totalidad de los propuestos ocupa el correspondiente escaño en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
¿Quién es el diputado? ¿Cuál es su responsabilidad y qué cualidades debe mostrar en el ejercicio de sus funciones? Las respuestas martianas a estas interrogantes engranan con las concepciones vigentes en el sistema político cubano, en el que el delegado sigue siendo el “encargado por el pueblo para que estudie su situación, para que examine sus males, para que los remedie en cuanto pueda, para que esté siempre imaginando la manera de remediarlos”, tal y como lo plasmara el Héroe Nacional en la Revista Universal, de México, en julio de 1875.
Vale recordar que la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 115, precisa que “la condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos. Durante el tiempo que empleen en el desempeño efectivo de sus funciones, los diputados perciben la misma remuneración de su centro de trabajo y mantienen el vínculo con este, a los efectos pertinentes”.
En este asunto, como en tantos otros, la conexión y coherencia del ideario del más universal de los políticos cubanos de su tiempo con las concepciones vigentes en el sistema político actual en la tierra que lo vio nacer resulta concluyente: a la silla parlamentaria debe llegarse, “por el mérito propio, por el esfuerzo constante, por el valer real; por lo que se ha hecho antes, no por lo que se promete hacer”, en un proceso libre de campañas demagógicas y del poder del dinero en favor de unos u otros, en el cual el pueblo ofrece su voto a quien “se ocupa de él y le hace bien. De abajo a arriba: no de arriba abajo”.
No me asombraría si, en las urnas, el dictamen popular determina que los 470 candidatos integren la Asamblea Nacional del Popular, pero tampoco si alguna de las propuestas recibe el favor de menos del 50 por ciento de los electores, quienes, mediante el voto libre, igual, directo y secreto tendrán en sus manos el poder soberano para determinar el sí, o el no, en cada caso.
Cabría preguntarse, entonces, por qué, a través de diversas vías, se insiste en el voto por todos si, en definitiva, cada cual, en el ejercicio de sus derechos, puede optar por otra decisión.
En primer término, debe considerarse que los candidatos emergieron de un amplio proceso de análisis y discusiones en el que se aprobaron 19 034 precandidatos, y que, de esa cantera, emergieron los 470 que fueron aprobados por los delegados de las respectivas asambleas municipales del Poder Popular.
Pero tampoco debe obviarse que las actuales propuestas se han distribuido por todos los municipios del país para que los electores de cada uno de ellos, en nombre del resto de Cuba, puedan votar por ellos, y que tal reparto se ha hecho atendiendo a la representatividad que deberá tener la Asamblea en su composición, de modo que se corresponda con la realidad del país.
Claro está que, después de los comicios, aunque los diputados asuman sus deberes en representación de toda la nación, no podrán desligarse del compromiso y el vínculo con el electorado del municipio que los eligió; pero antes, boleta en mano, el día 26, serán los ciudadanos con derecho al voto los que suscribirán el acto de conciencia de respaldar su propuesta, de abajo a arriba, a tono con el ideal martiano que hoy sigue presidiendo el Estado “organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible”, como lo patentiza el artículo Uno de la Constitución.