Que nadie vea en estas palabras un ajuste de cuentas, altisonancias o alardes. Defendemos, desde la ética y la coherencia, el derecho a informar
Este no era el título ni el tema de lo que queríamos escribir. Como acostumbramos en Invasor, aquí habríamos querido publicar una nota extensa, por ejemplo, relacionada con las medidas para paliar el agudo déficit del transporte público —que ya tiene síntomas de crónico— y del de cargas, sobrecargado e insuficiente, aunque parezca un juego de palabras sin sentido. Era nuestra intención informar a la ciudadanía de acciones indicadas por la máxima autoridad de la provincia, encaminadas a poner al servicio de los pasajeros los vehículos administrativos, en rutas urbanas que los acerquen a sus centros de trabajo, estudio o instituciones sanitarias. Pero, al menos cuatro veces, los responsables de la Empresa Provincial de Transporte nos han dejado esperando.
También quisimos, en su momento, explorar el arranque del curso escolar; saber de primera mano si la llegada de septiembre había acontecido tal cual se previó, validar los datos publicados antes del inicio oficial del período lectivo. Hicimos las coordinaciones a tiempo con la Dirección General de Educación… y ni así.
Propusimos al organismo responsable de la comercialización del combustible, la Sucursal de Cimex, realizar una conferencia de prensa previa a la entrada en vigor de una medida que ya se aplica, gradualmente, en otras zonas del país: el pago de la gasolina y el diésel, utilizando solo medios electrónicos, dígase tarjetas prepago desechables o recargables, los chips en poder de las entidades estatales o los pines electrónicos mediante Transfermóvil. Al teléfono nos dijeron que sí y, de hecho, hay evidencias en las redes sociales de Internet de que ya se aplica la decisión, mas, por nosotros, nadie se ha enterado.
Se realizó de manera exitosa la implementación de la eliminación del efectivo como forma de pago para la venta de combustible en el SC La Trocha. #ComercioElectrónico #MediosDePagosElectrónicos #Cimex
Posted by Cimex Sucursal Ciego de Ávila on Wednesday, October 11, 2023
Para el espacio de transmisión semanal en nuestras plataformas digitales invitamos a la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía. Nos parecía muy oportuno insistir en la urgencia del ahorro, el uso eficiente de la electricidad, conocer cuánto más le cabe al concepto de eficiencia energética, qué más hacer en un momento en el que, cada tres horas, “llega” o se “va” la luz. Nos quedamos con el set dispuesto, el camarógrafo listo y la conductora maquillada. Tuvimos, incluso, que llamar para confirmar lo que ya sospechábamos: el invitado no asistiría.
No hace falta seguir con el inventario de silencios, justificados o no. Aquí no se trata de que un directivo tenga más o menos reuniones, informes, tareas, responsabilidades propias o añadidas. Eso lo podemos entender, porque la “burbuja” de los medios de comunicación y los periodistas también está llena de chequeos, recorridos y encuentros donde reportamos el trabajo de los demás. Es parte de nuestro trabajo y no por eso es menos importante o más sencillo.
De lo que hablamos es del deber de rendir cuentas de los servidores públicos y del respeto a una institución que, a estas alturas, debería tener más peso en las relaciones al interior de las organizaciones y en su interacción con el resto. No crea que hablamos en tercera persona de nosotros mismos. Esa institución a la que nos referimos es la Comunicación Social, entendida como un pilar estratégico en la gestión del Gobierno, desde su nivel central hasta las comunidades, y que, en consecuencia, ya está regulada en una norma legal, aunque siempre hubo documentos y acuerdos previos que intentaron desbrozar los caminos entre la información y la ciudadanía.
Precisamente —entre otros muchos fundamentos recogidos en la Ley de Comunicación Social— para reforzar, ampliar y actualizar las disposiciones referidas a la comunicación mediática y las relaciones de los medios con las fuentes, habida cuenta de que ministerios, grupos empresariales y direcciones de organismos habían parcelado a su conveniencia quién, cómo, cuándo y qué decir. Y decimos habían parcelado, pero la realidad, como ya apuntábamos, nos deja todavía con páginas en blanco y vacíos informativos.
Las palabras del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, después que, de manera unánime, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara la Ley de Comunicación Social, lo explican mejor:
“Esta legislación debe permitirnos superar los vacíos y vencer las inercias institucionales. Ante una situación determinada que esté impactando negativamente en la población, los servidores públicos responsables están obligados a informar de inmediato, desde todos los espacios posibles. Por su parte, toca a la prensa contar primero, y responsablemente, cada información sensible para el pueblo.
“Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la Comunicación Social para favorecer la participación, la transparencia, la rendición de cuentas; para poner en común; es decir, unir todos nuestros conocimientos en función de extraer las mejores ideas, articularnos y generar consenso”.
No haría falta decir nada más ni siquiera porque la Ley no ha entrado en vigor aún. El mandato moral de la transparencia y la rendición de cuentas es anterior a la norma —es, incluso, constitucional—.
Ya en 2018, cuando se aprobó la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno, había quedado dicho que “el jefe de la institución, entidad u organización es el máximo responsable de socializar la información pública, garantizar los procesos de comunicación con sus trabajadores y la población —de forma oportuna, responsable, sistemática y transparente—, y conocer las opiniones de la ciudadanía sobre las políticas que conduce para perfeccionar su labor”.
Ese párrafo precede a un postulado superior: “La información, la comunicación y el conocimiento constituyen un bien público y un derecho ciudadano”.
Esta “personalización” de la responsabilidad, sin embargo, no está reñida con la facultad de delegar, si de responder preguntas a un medio público hablamos, pues se sobreentiende que ese medio está garantizando y facilitando el derecho de la ciudadanía a acceder a ese bien.
De manera que la demora en la implementación de la Ley nunca justificaría los silencios y la poca importancia que, a veces, se le da a la función social de un periódico. Un periódico, digámoslo sin que suene a lamento, que tiene iguales desafíos (en el orden material y de recursos humanos) que el resto de la sociedad y no por eso ha renunciado a honrar su encomienda.
Que nadie vea en estas palabras un ajuste de cuentas, altisonancias o alardes. Defendemos, desde la ética y la coherencia, el derecho a informar.