En la provincia de Ciego de Ávila persiste un fenómeno delictivo que representa una amenaza crítica para la sostenibilidad del sistema eléctrico: el robo con fuerza del aceite dieléctrico de los transformadores de distribución
Durante el año 2025 se registraron en toda la provincia 41 hechos delictivos que afectaron 84 transformadores, con la pérdida de 14 440 litros de aceite dieléctrico, lo que provocó una afectación del servicio para varias comunidades.
Estos hechos han venido afectando a nuestro país en momentos tan complejos como los actuales, golpeando directamente el corazón de la seguridad energética de nuestra nación.
La gravedad no reside únicamente en el valor económico del producto sustraído, sino en una consecuencia de mayor alcance: la imposibilidad práctica de reponer el aceite robado debido a su inexistencia en el inventario nacional.
Cada litro sustraído se convierte así en una pérdida irrecuperable a corto y mediano plazo, generando un déficit acumulativo de un insumo esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico.
El aceite dieléctrico posee características que permiten su uso como combustible en tractores y camiones. A partir del déficit de combustible en el país, propietarios de equipos agrícolas se han dedicado a la adquisición de este lubricante, pagando hasta 600.00 pesos por litro, lo que ha generado un mercado ilegal lucrativo que incentiva la comisión de estos delitos que perpetúa un círculo vicioso donde, la escasez de combustible, impulsa el robo de insumos esenciales de la infraestructura eléctrica, agravando la ya compleja situación.
La energía eléctrica es un recurso esencial y estratégico; su desvío ilícito compromete la estabilidad nacional.
En consecuencia, el actuar conjunto de los órganos y organismos veladores de la legalidad permitieron hasta el momento, determinar cadenas delictivas cuyos imputados se encuentran sujetos a procesos penales, entre ellos receptadores, mayormente poseedores de vehículos, bienes que, por demás, podrían ser objeto de decomiso una vez concluida la investigación.
De acuerdo a la gravedad de estos hechos y los daños y perjuicios ocasionados, a tenor del Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, los imputados en estos procesos se considerarán responsables del delito de sabotaje, previsto en los artículos 125 y 126 de la Ley 151 de 2022 “Código Penal”, el cual establece sanciones en sus apartados que oscilan de siete a 30 años de Privación de Libertad, Privación Perpetua de Libertad o sanción de Muerte.
Sin embargo, la solución definitiva requiere no solo la aplicación rigurosa de la ley, sino también abordar las causas estructurales que alimentan este mercado ilegal, especialmente el déficit de combustible que incentiva la demanda de aceite dieléctrico para usos no autorizados. En la prevención de los mismos está el arma esencial para enfrentar la situación.
La sustracción de aceite dieléctrico en Ciego de Ávila constituye un delito que trasciende su dimensión económica inmediata para convertirse en una amenaza sistémica a la infraestructura eléctrica provincial.
Las medidas implementadas —desde la imposición de medidas privativas de libertad, clasificación de los hechos como sabotajes hasta el decomiso de bienes y la coordinación institucional— buscan garantizar que estos hechos no queden impunes.
No estamos ante un simple robo, sino ante un atentado contra la infraestructura que sostiene la vida cotidiana y el desarrollo económico, lo que demanda un accionar y responsabilidad conjunta, social e institucionalmente en defensa y con, la energía del pueblo.