Trabajadores y directivos del Comercio, la Gastronomía, los Servicios, Cadena de Tiendas Caribe y la Corporación Cimex en Ciego de Ávila, realizan una mirada hacia lo interno para perfeccionar el control de los bienes a su resguardo y la protección al consumidor.
En cada uno de los 10 municipios del territorio avileño se llevan a cabo seminarios dirigidos al enfrentamiento a las ilegalidades, el delito y la corrupción en las unidades, donde los colectivos analizan las causas y condiciones que puedan facilitar robos y malversaciones.
Estos procesos políticos cuentan, además, con la presencia de presidentes de los Consejos Populares, de entidades y organismos como Acopio, Fiscalía, las Agencias Bancarias, Comunicaciones, Copextel, Salud y otros, cuyo trabajo se caracteriza por el estrecho vínculo con la población.
En esas reuniones se reflexiona sobre los hechos delictivos de los últimos tres años, de los cuales la provincia no escapa porque existe debilidad en los aparatos económicos y administrativos y deficiente selección del personal que labora en el sector.
También analizan el papel de las administraciones en el cuidado de los recursos y su permanencia en los horarios de servicio, porque es en esos momentos cuando no pueden faltar los ojos controladores de la actividad, reflexionó Ariel López Camejo, representante del Ministerio de Comercio Interior en Ciego de Ávila.
Pastora López Leiva, directora del Grupo Empresarial de Comercio, la Gastronomía y los Servicios en la provincia, informó a la ACN que relacionado con la Resolución 54 del 2018, referida a la protección al consumidor en el sistema de comercio interno, puntualizan los aspectos a garantizar para su correcta implementación.
Queda claro en estos encuentros, dijo López Leiva, que nuestra prioridad es dispensarle al usuario un trato amable, transparente, equitativo, no discriminatorio ni abusivo en relación con las condiciones de calidad, cantidad, peso y servicios de cualquier naturaleza que adquieran.
También puntualizamos que en cada unidad estén visibles los precios de los productos, así como las vías y mecanismos para tramitar cualquier insatisfacción o reclamación, acotó la directiva.