Cuatro imputados con medida cautelar de prisión provisional enfrenta el proceso, que tiene su origen en la detención de un camión pipa cargado con 6000 litros de fuel oil procedentes de yacimientos avileños.
Fuerzas del Ministerio del Interior en Yaguajay, Sancti Spíritus, detuvieron, recientemente, un camión destinado a la limpieza de fosas que transportaba alrededor de 6000 litros de combustible procedentes del primer proceso de refinamiento de los pozos de petróleo de la Faja Pina, perteneciente al municipio de Ciro Redondo en Ciego de Ávila.
El hecho fue detectado en la frontera entre los municipios de Chambas y Yaguajay, específicamente en la localidad de Calienes.
A partir de ese suceso, según informó el teniente coronel Duvier Cabrales Pérez, jefe del Ministerio del Interior en Yaguajay, al periódico Escambray de Sancti Spíritus, el proceso investigativo se extendió a la provincia avileña.
Aquí se abrió expediente de fase preparatoria para investigar un posible hecho de sabotaje, con cuatro imputados asegurados con medida cautelar de prisión provisional.
El oficial precisó que, inicialmente, se radicó un delito de receptación, aunque el proceso podría derivar también en cargos de malversación o robo con fuerza.
Entre los implicados figuran dos choferes que, presumiblemente, no pertenecen a la entidad propietaria del vehículo —la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villa Clara— y un encartado principal que se identificó como trabajador por cuenta propia, dedicado a la fabricación de implementos de aluminio, quien alegó haber adquirido el combustible para uso en su actividad.
“Estamos hablando de combustible y, evidentemente, eso salió del sector estatal, donde quedan en evidencia las fisuras en el control interno, la protección a los recursos, el control de los mismos y su destino final”, señaló Cabrales Pérez a Escambray.
El proceso investigativo prosigue en curso en Ciego de Ávila, hecho sobre el cual se continuarán ofreciendo detalles, en la medida que, avance el curso de la investigación, incluidas las garantías procesales, según establece la Ley.