Si esta no fuera una de las peores semanas de la pandemia en Ciego de Avila y enero no fuera el décimo mes de convivencia con un virus del que casi 1 400 avileños ya saben (o tristemente supieron), el último informe de la Inspección Sanitaria Estatal (ISE) no sería lo que hoy es: una vergüenza.
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No hay otra lectura posible para sus datos en el contexto actual del tercer rebrote. Y el “increíblemente” de Yanelis Cibey Palomino, funcionaria del Departamento de Fiscalización de la ISE, lo confirma. Por eso antepone el “increíblemente” a los 542 decretos aplicados en los primeros 19 días de enero, como si tampoco ella pudiera creer que, a estas alturas, sus inspectores multen a tantas personas por no llevar nasobuco o usarlo mal (que es lo mismo).
O que lo hagan porque los pasos podálicos están en algunos lugares por gusto o para nada, o al sol, o con deficientes condiciones higiénicas. O porque encuentran a trabajadores por cuenta propia ejerciendo en zonas de riesgo epidemiológico. O porque no realizan la pesquisa en los centros laborales y se violan protocolos de rutina.
Y, encima de todo, le avergüenza admitir que tales infracciones hayan sido muestra de solo 2 721 inspecciones realizadas por unos 60 especialistas en 19 días. Si la fiscalización fuera lineal, se trataría, apenas, de 14 visitas diarias en cada municipio, hechas por seis técnicos o licenciados en Higiene y Epidemiología. ¿Qué dirían entonces los datos si el cuerpo de la ISE fuera tres veces superior y pudiera llegar a mayor cantidad de organismos?
Ella no se atreve con las suposiciones, pero asegura que la situación, lejos de mejorar, empeora. En diciembre, por ejemplo, se paralizaron 195 entidades en la provincia por diferentes violaciones, y hasta el 19 de enero ya habían sido 143.
Resalta el hecho, además, de que no todos los municipios muestren igual exigencia —¿o deberíamos pensar que en algunos lugares se cumplen mejor las indicaciones que en otros? De alguna manera, su tabla de infracciones le da la razón: Ciego de Ávila (271), Baraguá (92), Morón (34) y Venezuela (32). No obstante, Morón (47) y Majagua (35), dos municipios con transmisión decretada, aparecen con la mayor cantidad de centros paralizados, asociados, fundamentalmente, al manejo de alimentos.
Si bien pudiera creerse que allí donde no hay multas, paralizaciones o clausuras, la percepción del peligro no está en riesgo, desde el Policlínico Norte, en la ciudad cabecera, no rebaten esa posibilidad, aunque tampoco descartan que sea la falta de inspectores la que conspire contra una mayor detección de irregularidades. El panorama descrito por Xislia Arozarena, al frente del Departamento de la ISE en esa institución, apunta en esa dirección. Cuentan con 13 técnicos o especialistas para la mayor área de Salud de la provincia.
“Debemos ir a Modesto Reyes, 9 de Abril, Vista Hermosa, Ortiz, Reparto Barbero… varias zonas de la periferia y de la ciudad, y la mayoría de nosotros no tiene ni bicicleta, si esto fuera más masivo…”, dice Yeny Yanes, una de las técnicos que cada día salen a las calles. Sus puntos suspensivos sugieren lo que falta.
Sin embargo, peor que la escasez de una autoridad sanitaria para corregir lo malhecho, es el exceso de avileños que todavía “no saben” cómo enfrentar esta pandemia o no les importa hacerlo. Y después de 1 375 diagnosticados, esa actitud ya no solo es más de lo mismo, sino que es demasiado.