En respuesta al recrudecimiento del cerco energético impuesto por Estados Unidos, el gobierno cubano informó este miércoles sobre las nuevas medidas implementadas en los sectores del transporte y el trabajo para enfrentar la crisis y proteger a la población.
Los detalles fueron ofrecidos por los ministros de Transporte, y de Trabajo y Seguridad Social, durante su participación en el programa televisivo Mesa Redonda, según reporta la Agencia Cubana de Noticias.
Reajuste integral del transporte
Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, explicó que el desabastecimiento de combustibles, unido a la baja disponibilidad técnica y el deterioro de la infraestructura, ha obligado a reajustar los servicios y priorizar las transportaciones de pasajeros y cargas consideradas imprescindibles para el país.
En cuanto a la reorganización de los servicios, el titular precisó una drástica reducción en las frecuencias: los viajes de Ómnibus Nacionales se limitaron a una salida diaria, mientras que los trenes nacionales circularán solo una vez cada ocho días.
Asimismo, el Ferry de la Isla de la Juventud disminuyó sus salidas a dos veces por semana. Se mantiene, por el momento, la programación de vuelos nacionales.
A nivel local, se han buscado alternativas para mitigar el impacto en la población. Rodríguez Dávila señaló que se transportaron más de 70 000 pasajeros mediante el servicio de medibús y se reorganizó el uso de triciclos eléctricos, con la participación de todos los actores económicos.
En el ámbito social, se garantizó el traslado de 12 800 estudiantes de escuelas especiales y se coordinó la atención de cerca de 2900 pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis.
De cara al futuro, el ministro adelantó las principales proyecciones para 2026, que incluyen el ensamblaje de 50 microbuses y 50 carros fúnebres, la incorporación de 150 triciclos eléctricos en los municipios, y la adquisición de los primeros ómnibus eléctricos urbanos con respaldo en energía renovable, así como 400 autos eléctricos destinados a servicios de hemodiálisis.
También se prevé la modernización de ambulancias y la instalación de estaciones de carga con paneles solares en puntos estratégicos como la autopista nacional.
Protección laboral y reubicación como prioridad
Por su parte, Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, ratificó que el principio esencial de las acciones implementadas es la protección de los trabajadores y sus familias.
Subrayó que la prioridad no es la interrupción laboral, sino la reubicación en actividades que permitan mantener el vínculo con el empleo y evitar afectaciones en los ingresos.
El titular explicó que, siempre que las condiciones lo permitan, se aplican alternativas como el trabajo a distancia, el teletrabajo, el cambio de labor o ajustes en la jornada.
Cuando estas opciones no resultan viables, se impone la reubicación en tareas de utilidad social y económica, como la producción local de alimentos, los servicios comunales, la atención a personas vulnerables y el apoyo a procesos educativos.
“Estas acciones contribuyen al desarrollo económico y social del país y permiten al trabajador mantenerse activo y útil”, afirmó Otamendiz Campos.
En los casos donde la interrupción es inevitable, la legislación vigente contempla garantías salariales: se asegura el ciento por ciento del salario básico durante el primer mes y, a partir del segundo, el sesenta por ciento, con respaldo de las empresas o del presupuesto estatal.
No obstante, el ministro enfatizó que “esta opción no debe convertirse en regla, pues siempre es preferible estar reubicado y cobrando el salario completo que permanecer interrupto con ingresos reducidos”.
Para garantizar la correcta aplicación de las medidas, se implementará un riguroso sistema de control. Las direcciones municipales de Trabajo articularán la oferta y demanda de empleo en coordinación con los empleadores. Los organismos de la Administración Central del Estado y los consejos de la administración locales supervisarán el cumplimiento de la política laboral, mientras que la inspección de trabajo fiscalizará y exigirá la restitución de la legalidad cuando sea necesario. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además, mantendrá un monitoreo permanente de la situación, con reportes mensuales al Consejo de Ministros.