Resulta una de las prioridades del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales
El cobro de 234 multas en apremio en las jornadas iniciales constituye un saldo parcial significativo del IV Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en la central provincia de Ciego de Ávila.
Así lo considera Ángel Aragón César, coordinador de Programas y Objetivos del gobierno provincial, quien añade que las acciones aplicadas los días 22 y 23 de septiembre tuvieron lugar en todos los municipios del territorio, y forman parte del incremento de la imposición y la efectividad en el cobro de multas en general, al punto que, en solo dos días, se aplicaron 457.
En cuanto a encarar de modo resuelto el impago de las multas en apremio, especialistas del país coinciden en valorar su relevancia, pues se trata de ingresos dejados de captar a favor de los presupuestos locales. En tal sentido, una reciente declaración de Yenisley Ortiz Mantecón, viceministra de Finanzas y Precios, puso de relieve la prioridad que entraña el cobro de estas, toda vez que son aquellas pendientes de cobro y fuera del término legal establecido.
Aragón César destacó, además, la ejecución de inspecciones y acciones de enfrentamiento ante violaciones de precios, control al fisco y seguimiento a los expedientes en tramitación por evasión fiscal.
En particular, refirió que mediante la aplicación del Decreto Ley no. 30 del Consejo de Ministros, “De las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas”, se detectó y actuó en el enfrentamiento a 103 violaciones en lugares proclives a la comisión de hechos de esta naturaleza.
• Dice así el Decreto 30 del 2021, del Consejo de Ministros
Con el Ejercicio nacional, el cual se extenderá hasta el mediodía del venidero sábado, se pretende incrementar las acciones de las organizaciones políticas, sociales y de masas, los órganos del Estado, del gobierno, el Ministerio del Interior, comunicacionales y de participación y control popular, en la prevención y enfrentamiento a las actividades delictivas, conductas antisociales, la corrupción, las drogas, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos que inciden en la seguridad y el orden interior.