La sustracción de los insumos destinados a la generación de electricidad provoca un menoscabo de la gestión de las empresas encargadas de prestar este servicio, y directamente pone en descrédito la gestión del Estado, mostrándolo incapaz de solventar las necesidades básicas de la población, precisamente en circunstancias de crisis económica en la que los recursos para resolver esa y otras necesidades son escasos
La Fiscalía General de la República, en la ardua batalla que le corresponde librar por mandato Constitucional, está inmersa en enfrentar todo acto de corrupción, o ilícito penal, donde se encuentren menoscabados recursos de alta importancia para la realización de nuestras principales batallas económicas, hechos que además de representar una amenaza crítica para la sostenibilidad del sistema eléctrico golpea directamente el corazón de la seguridad energética de nuestra nación.
En consecuencia, en Ciego de Ávila se han radicado expedientes de fase preparatoria para investigar la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, de aditamentos y piezas en parques solares fotovoltaicos y de cablería del sistema de alumbrado eléctrico.
Así mismo, en el mes de abril se desarrollaron dos juicios orales por el delito de sabotaje, previsto en el artículo 125 del Código Penal, donde se solicitaron sanciones de hasta 12 años de privación de libertad.
El primero de ellos relacionado con la sustracción de más de 2 000 litros de aceite dieléctrico, hecho que afectó a la comunidad del Plan Piña y del Vivero Café, imputados que permanecieron asegurados con la medida cautelar de prisión provisional durante toda la fase investigativa, y a los cuales se solicitó una sanción de 12 años de privación de libertad y las sanciones accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional, quedando concluso para dictar sentencia, la cual una vez notificada, tanto la Fiscalía como los imputados en caso de estar inconformes con la misma contarán con el término establecido legalmente para interponer los correspondientes recursos.
El segundo juicio involucró la sustracción de rollos de cable del alumbrado eléctrico en la vía pública, tres imputados, entre ellos una mujer, fueron detenidos por agentes del orden público mientras cometían el hecho, lo que permitió recuperar los bienes sustraídos. La Fiscalía, encargada de ejercer la acción pública solicitó sanciones de 7 y 8 años de privación de libertad, las que una vez evaluadas las pruebas fueron admitidas e impuestas por el Tribunal.
En ambos procesos se garantizaron las condiciones del debido proceso, incluida la asistencia letrada desde la fase preparatoria y el derecho de los imputados a exponer sus alegaciones en el acto de judicial.
Las medidas implementadas —desde la imposición de medidas privativas de libertad, clasificación de los hechos como sabotajes hasta el comiso de bienes y la coordinación institucional— buscan garantizar que estos hechos no queden impunes.