De conjunto con la Fiscalía en Ciego de Ávila estrenamos esta sección, cuyo objetivo es ofrecer información sobre hechos y delitos sancionados en la provincia
Yasmani Rodríguez Alfaro Transcurría la madrugada. La pista de baile de Pesquería seguía animada. Podía distinguir su andar alegre, a veces tambaleante, bajo los efectos del alcohol. Él, en cambio, respiraba el odio acumulado al cabo de un mes de discusiones acaloradas en las que su exigencia de reanudar la relación de pareja no había prosperado. Como fiera al acecho, esperó pacientemente; se hacía acompañar por el machete afilado y una mezcla en la que se fundían la sed de venganza y los celos desmedidos.
La vio camino a la parte trasera de la pista donde intentaría hacer sus necesidades fisiológicas, sin percatarse de la proximidad de quien descargó toda la rabia, el machismo y cinco tajos mortales sobre la joven que quizás ¿amó? alguna vez. La víctima falleció al instante. Horas después, en la tarde del 19 de marzo del presente año, las autoridades policiales capturaban al autor del crimen en Holguín.
Los hechos probados en el curso de las investigaciones delinearon las conclusiones del fiscal y, finalmente, la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular acordó sancionar al acusado, como autor de un delito intencional y consumado de asesinato, a 25 años de privación de libertad, con la sanción accesoria de la privación de derechos por igual término que la sanción principal, consistente en la pérdida de derecho al sufragio activo y pasivo, así como del derecho a ocupar cargos de dirección en los órganos correspondientes a la actividad político-administrativa del Estado, en unidades económicas, estatales y organizaciones sociales y de masas, unido a la prohibición de salida del territorio nacional hasta que extinga la sanción.
Pero, además, en vista de que la occisa dejó un hijo de 14 años, el acusado tiene la obligación civil de pagar una pensión alimenticia de 800.00 pesos mensuales, lo que se hará a través del padre del menor, hasta tanto arribe a la edad laboral o se desvincule del Sistema Nacional de Enseñanza, pago que se efectuará a través de la Caja de Resarcimientos.
El Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía Provincial había asumido de inmediato los deberes que le competen. Orientó, jurídicamente, a la madre de la fallecida en cuanto a su legitimidad para participar en el proceso penal desde su condición de víctima, al padre del menor para que recuperara su guarda y cuidado, y a este último, mediante acciones de apoyo psicológico en función de su estabilidad psicoemocional.
Fuentes de la propia institución refieren que desde el pasado año se han radicado cinco procesos penales en la provincia por el delito de asesinato, cuyas víctimas han sido mujeres. El peso de la justicia recae gradualmente sobre los culpables, pero no extingue el dolor irreparable de las familias.