Un juicio ejemplarizante vinculado a la droga, medidas cautelares por delitos en el sector eléctrico y el cierre temporal o definitivo de 40 negocios de diversos actores económicos forman parte de las acciones realizadas en la provincia durante las dos primeras jornadas del Segundo Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, que se desarrolla del 24 al 29 de marzo.
Ángel Aragón César, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno del Poder Popular en Ciego de Ávila, declaró a Invasor que con el propósito de disminuir las acciones delictivas y dar continuidad a lo alcanzado durante el primer ejercicio, en diciembre del año anterior, se trabaja en varios frentes, como son las multas en apremio, uso de las cuentas fiscales, atención a alumnos desvinculados, violaciones de precios, deambulantes y las ilegalidades urbanísticas, entre otros.
Explicó que todos los días sesiona el grupo provincial, presidido por las máximas autoridades del Partido y gobierno, y mediante video conferencia con los municipios, se analiza el informe del trabajo realizado y hacia donde se dirigirán las acciones de la jornada.
En la provincia, dijo, uno de los mayores problemas está vinculado a las multas sin pagar derivadas del ejercicio de control de la tierra y el ganado, durante el 2024, las cuales ascienden a más de 40 millones de pesos.
Precisó que aunque el territorio logra más de un 91 por ciento de eficacia en el cobro y disminuye de 22 000 multas en apremio, a sólo 3000, marcadas fundamentalmente en el municipio cabecera, todavía es muy alto el número.
Asimismo, otra de las ilegalidades está referida a las cuentas fiscales mediante la evasión o subdeclaración de los ingresos, hecho que incide directamente en la población, pues tiene que ver con la negación de los actores económicos de aceptar el pago en línea o, en última instancia, admitir sólo transferencia a sus tarjetas magnéticas personales.
Ese modo de evadir el fisco, impide el ingreso al presupuesto, del cual se nutren sectores de prioridad social como la Salud y la Educación, y es la causa por la que se ha detenido la actividad a numerosos negocios, no obstante, el propósito no es cerrarlos definitivamente sino que realicen la comercialización dentro de la legalidad, señaló Aragón César.
El Coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno resaltó que también es prioridad del ejercicio, la atención a los alumnos desvinculados de los centros estudiantiles o que incumplen deberes escolares y se está visitando al ciento por ciento de los que se encuentran en ese caso con el fin de lograr su reincorporación.
De igual forma, con la integración de numerosos organismos, se visualiza a la Niñez, a las Adolescencias y a las Juventudes para prevenir el flagelo de las drogas, y se realizan charlas educativas e intervenciones, en los centros de enseñanza media y superior con la participación de padres y docentes para ampliar su preparación y conocimiento de cómo detectar cualquier indicio.
Aragón César refirió como la provincia es dañada por actos delictivos en el sector de la electricidad, con mucha incidencia en máquinas de riego de los municipios de Venezuela, Baraguá, Primero de Enero y Ciro Redondo, así como por el robo de aceite dieléctrico de los transformadores, con una afectación directa en la comunidad, como ocurrió recientemente en el Plan Piña, en el municipio cabecera.
A estas acciones se le da seguimiento por la Fiscalía y ya hay varios ciudadanos bajo medida cautelar, puntualizó.
También son prioridades la tramitación de expedientes de personas vulnerables para llevarlos a hogares de ancianos y garantizarles una mejor calidad de vida, así como el accionar con aquellos deambulantes, que se recogerán para su clasificación en el centro creado al efecto, en aras de poder ubicarlos posteriormente donde corresponda.
Las ilegalidades que persisten en el uso de la tierra, fundamentalmente referidas a las bienhechurías y otras construcciones, son tramitadas de conjunto con la Agricultura y el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), al tiempo que se revisan otras violaciones urbanísticas en los barrios, precisó.
Aunque el ejercicio tiene carácter integral, uno de los temas de mayor incidencia es el de los precios y así lo explica Rafael García Fernández, director provincial de Inspección, al señalar que en el año 2024 se realizaron 27 mil 863 supervisiones y se detectaron 16 299 violaciones. Por ese concepto las multas aplicadas ascendieron a 28 millones 455 mil 211 pesos.
Mientras, en los dos primeros días de ejercicio se han efectuado 12 mil 964 inspecciones, de las que se derivaron 6 348 infracciones y multas, de ellas mil 610 multas por el decreto 30, referido a violaciones de precio.
Destacó, como respuesta, las ventas forzosas de más de 10 000 libras de arroz, en los mercados, de forma regulada y a los precios que se han concertado, además del accionar en los lugares de concentración de ilegales como Ortiz, Maidique, El Algarrobo, Camino Jiquí y crucero de Quesada, este último con productos del agro.
García Fernández subrayó que han detectado negocios cerrados y en esos casos se visita al dueño para conocer los motivos. Si no es justificado se hace la solicitud al Ministerio de Trabajo para cerrarlo de manera temporal o definitiva, de acuerdo con las causas.
El director de inspección insistió en que no hay un interés específico por eliminar la actividad cuentapropista, sino que lo que lo que se quiere es que comercialicen, pero de acuerdo con lo que está establecido en la ley.