En los próximos días se realizarán actos de juicio oral a los responsables de sustraer medicamentos y otros insumos de centros de Salud en la provincia de Ciego de Ávila, situación que, si bien no es nueva, recobra actualidad en un contexto marcado por un enfrentamiento feroz a la COVID-19.
Muchas personas están expectantes, y ya desde las redes sociales en Internet se han formulado apreciaciones de qué debería pasar con los implicados. También desde los medios de comunicación masivos se ha hecho referencia al significado que tiene para las personas enfermas no contar con el tratamiento necesario. No obstante, se vela por el debido proceso, y así lo expresa Karel Roberto Alonso Rodríguez, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales en Ciego de Ávila.
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“A la Fiscalía le corresponde, desde el punto de vista constitucional, acompañar al Ministerio del Interior en todo el proceso investigativo, porque es una facultad nuestra garantizar el control de la investigación penal desde que inicia hasta que concluye. Y, como parte de ese acompañamiento, velar por que se cumpla la legalidad y se les den a las personas procesadas todas las garantías.
“Hay varias figuras delictivas en nuestro ordenamiento que pudieran configurarse en estos casos, principalmente las que atentan contra el patrimonio. También pudieran darse delitos relacionados con el trasiego y la tenencia de medicamentos considerados como sustancias de efectos similares a las drogas, según han definido las normativas del Ministerio de Salud Pública.”
La apropiación indebida de medicamentos ha ocurrido en los hospitales provinciales Roberto Rodríguez, de Morón, y Doctor Antonio Luaces Iraola, de la cabecera provincial; y en varios centros asistenciales.
De ahí que durante el proceso investigativo se les han ocupado a trabajadores de la Salud de estas instituciones y al personal que está involucrado directamente en el enfrentamiento a la COVID-19 una cantidad importante de medicamentos que son imprescindibles para el tratamiento de los pacientes positivos al SARS-CoV-2.
“Tal es el caso del heberón, el rocephin, la azitromicina y bulbos de atropina. Y no podemos, menos en las circunstancias en que estamos viviendo, permitir que personas inescrupulosas extraigan estos medicamentos de las salas o de los centros asistenciales para lucrar con ellos, o utilizarlos en beneficio personal, como ha estado sucediendo.
“Y no solo son medicinas, también insumos como máscaras de protección, bránulas, catéteres y jeringuillas. La política penal con estos hechos se va a caracterizar por el rigor y la sensibilidad. Se tendrán en cuenta el contexto, la gravedad del hecho, las características personales de cada uno de los acusados, la edad, su condición social y conducta”, añade Alonso Rodríguez.
El Fiscal Jefe del Departamento de Procesos Penales, de un modo más persuasivo, llama a la reflexión de los avileños: “Debemos hacerles entender a todos que cada medicamento sustraído es un tratamiento que se le deja de suministrar a un paciente, y que este actuar irresponsable puede conllevar a que esa persona agrave su condición”.
Cuando desde tierras lejanas se gestan acciones para donar medicamentos a Ciego de Ávila, no es justo, o lógico, que el oportunismo gane la batalla en estos predios. Por eso, y ante todo, conciencia, humanismo, vida.