La posibilidad de que autoridades estatales y judiciales de Honduras pudiesen dejar en libertad, aprovechando el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19), a dos de los asesinos condenados por la muerte de la activista y líder indígena y feminista Berta Cáceres, fue denunciada este martes por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de este país (Copinh).
#ALERTA
— COPINH (@COPINHHONDURAS) April 7, 2020
Denunciamos plan que pretende dejar en libertad a asesinos de #BertaCáceres aprovechando la crisis de salud por el #COVID19
Lee aquí nuestro comunicado ?https://t.co/hB73gWuxR5#JusticiaParaBerta#BastaDeImpunidad pic.twitter.com/0LAPJEJTHx
“El Copinh denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el Ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país”, indicaron en la jornada de este martes en un comunicado.
Exigimos que las autoridades encargadas encabezadas por el director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, Coronel José González Maradiaga esclarezcan esta situación.
— COPINH (@COPINHHONDURAS) April 7, 2020
Hacemos un llamado y alerta nacional e internacional
Dado a los 7 días de abril, 2020
El texto refiere que la organización está al tanto de las gestiones realizadas para que Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, y condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis sanitaria.
De igual modo, precisa que podrían darle beneficios o, incluso, la excarcelación a David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen que le quitó la vida a la líder hondureña.
El Copinh también denunció los privilegios que gozan los responsables de la muerte de Cáceres en las instalaciones penitenciarias, bajo el amparo de las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde presuntamente se encuentran recluidos actualmente Rodríguez y Bustillo.
La organización exigió al director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, José González Maradiaga, así como al resto de las autoridades encargadas, el esclarecimiento de la situación.