El Ministerio Público alista hoy la investigación del expresidente de Bolivia Evo Morales, acusado de ocho delitos, entre ellos terrorismo, según confirmó en conferencia de prensa el fiscal general del Estado, Róger Mariaca.
La denuncia guarda relación con los bloqueos y protestas que protagonizan sectores afines a Morales tras la exclusión de su candidatura presidencial de cara a las elecciones generales de agosto próximo, la falta de liquidez de dólares; de combustibles y el incremento de los precios de productos de la canasta básica familiar.
A ello se sumó en los últimos días la exigencia de que el jefe de Estado, Luis Arce, renuncie a ese cargo.
Informó que la admisión de la denuncia contra el primer mandatario indígena de Bolivia llama a iniciar una investigación con control jurisdiccional, para que los fiscales y la Policía Boliviana activen todos los mecanismos de investigación y se puedan esclarecer los hechos denunciados por esa cartera en La Paz.
“Hemos presentado (…) una denuncia por ocho delitos de acción pública atribuibles, inicialmente, al señor Evo Morales Ayma, a la señora Suseth Rodríguez y a quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores”, aseguró el titular de esa cartera, César Siles.
Los delitos por los que se les acusa son terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, del transporte y la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del Estado y obstrucción de procesos electorales.
Según la acusación, Morales y Rodríguez son identificados como los que ordenaron cercos y bloqueos de caminos para forzar la habilitación de la candidatura del exmandatario, pese a carecer de un partido debido a resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y haberse cerrado la inscripción el 19 de mayo último.
El jefe de cartera pidió de manera reiterada al Ministerio Público que actúe con celeridad, admita la denuncia, asigne una comisión de fiscales e inicie las investigaciones.
Deseó, asimismo, que la fiscalía convoque al “testigo importante” Rudy Capquique, quien en el canal privado DTV se autodenominó afín a Morales hasta hace poco y presentó una presunta grabación del exmandatario según la cual habló a este individuo de cercar La Paz y de llevar a cabo una “batalla final”.
Del lado contrario, la diputada Gladys Quispe, del Movimiento al Socialismo, afín a Morales, calificó de falso y fraguado el audio en entrevista concedida al canal Abya Yala.
Opinó que es otra maniobra del Gobierno para atacar a Morales, al tiempo que advirtió que Capquique fue forzado por las autoridades a emitir esa acusación a cambio de librarlo de una condena de próxima ejecución.