En un contexto donde la transformación de la matriz energética cubana se vuelve cada vez más prioritaria, la reciente Resolución 41 del Ministerio de Finanzas y Precios, correspondiente al año 2026, emerge como un incentivo clave para los actores económicos del territorio.
Así lo explicó a Invasor Ulises Gutiérrez Ramírez, director de la ONURE en Ciego de Ávila, quien detalló los alcances, beneficios y pasos a seguir para acogerse a esta normativa.
Según Gutiérrez Ramírez, esta disposición legal tiene un objetivo claro: “incentivar a los actores económicos estatales y no estatales al desarrollo de las fuentes renovables de energía y así contribuir al cambio de la matriz energética de nuestro país”.
A esta norma se suma lo establecido por la antigua Resolución 169, que motiva la importación de equipos y piezas relacionados con fuentes renovables, exonerando dichas importaciones de los aranceles aduanales.
El director de la ONURE en la provincia fue enfático, al precisar los sujetos incluidos: “Esta resolución viene dada solamente a la forma de gestión estatal y la forma de gestión no estatal. Cuando digo la no estatal, refiérase a las mipymes, a los trabajadores por cuenta propia (TCP) y a los proyectos de desarrollo local. Todavía las personas naturales no están incluidas en esta resolución”.
Los beneficios para quienes se acojan a la Resolución 41 son significativos. Gutiérrez Ramírez explicó que “aquellos actores estatales que importen equipos de fuentes renovables de energía o sus partes o piezas están exonerados de los aranceles aduanales”.
Además, los actores económicos que instalen sistemas fotovoltaicos en el lugar donde desarrollan su actividad económica —no en sus residencias— podrán acceder a una exoneración de hasta ocho años en los impuestos sobre utilidades (para empresas estatales y no estatales) y en el caso de los TCP, del impuesto sobre ingresos personales.
“Es bueno puntualizar esto —aclaró—. No es en sus lugares de residencia, es en los locales donde ejercen la actividad económica”.
La acogida en Ciego de Ávila ha sido notoria. “Ha habido muchos actores, tanto estatales como no estatales, buscando información, interesados en el tema. Por decir una cifra, más de 50 actores económicos no estatales”, aseguró el entrevistado.
Sin embargo, advirtió que el proceso requiere varios pasos, por lo que “con una información previa solicitando el modelo de la licencia energética —necesaria para ir al banco y pedir el préstamo— podríamos estar hablando alrededor de 20 o 25 actores económicos”.
Gutiérrez Ramírez detalló el procedimiento que deben seguir los interesados:
1. Dirigirse a la ONURE para solicitar una licencia energética, acompañada de un estudio técnico económico de factibilidad avalado por ofertas (en caso de no haber comprado aún la tecnología).
2. La ONURE estudia la solicitud y, si procede, otorga la licencia energética para que el actor económico pueda obtener un crédito bancario.
3. Tras comprar, montar e instalar los equipos, se debe solicitar nuevamente a la ONURE el dictamen energético final, el cual requiere la certificación de un instalador autorizado.
4. Con ese dictamen, el actor económico acude a la Oficina de Administración Tributaria (ONAT) con el estudio de factibilidad y las facturas de compra, y entonces la ONAT procede a exonerar los impuestos correspondientes por el período que determine el estudio.
Un aspecto crucial es que no cualquier persona puede certificar la correcta instalación del sistema fotovoltaico. “Cualquiera en su casa particular lo hace —señaló el director—, pero ya cuando una entidad estatal como la ONURE va a emitir un dictamen energético que te va a dar un beneficio económico, hay que estar claro, de quién certifica, que esa instalación cumple con todos los parámetros técnicos”.
El Consejo Energético Provincial avala, mediante un modelo de solicitud, a aquellos actores económicos que demuestren estar técnicamente preparados, presentando un currículo con sus experiencias y conocimientos. “El Consejo Energético se reúne, estudia esas solicitudes y aprueba a esos técnicos”, afirmó.
En la provincia existen diversos actores económicos que venden piezas de sistemas fotovoltaicos (paneles, inversores, baterías, protecciones), aunque muchas veces de forma independiente.
“Pueden adquirir el panel en un lado, la batería en otro lado, el inversor en otro lado, porque eso depende de la economía que tenga cada cual”, explicó Gutiérrez Ramírez.
No obstante, advirtió: “es importante que, cuando el actor económico quiera acogerse a la Resolución 41, aunque compre todos los componentes por separado, debe tener las facturas de cada uno, incluso la factura de quién lo montó”.
Esto es esencial porque “la ONAT al final le va a solicitar ese estudio de factibilidad amparado por esas facturas. La resolución exonera impuestos, y eso es una cuantía de dinero que el país va a dejar de ingresar; por lo tanto, tiene que estar bien justificado”.
La ONURE en Ciego de Ávila se mantiene como punto de información y asesoría para todos los actores económicos interesados en contribuir al cambio de la matriz energética del país, mientras acceden a importantes beneficios fiscales.
Texto generado por IA, con información aportada Ulises Gutiérrez Ramírez, director de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) en Ciego de Ávila; y revisado por Invasor.