Si no se quiere perder el rumbo, lo más recomendable es apegarse al concepto. La palabra proceso describe la acción de avanzar o ir para adelante. Veamos.
Inventario de “arrastres”
La pregunta retórica con que terminamos la edición anterior: ¿Estamos tan holgados con los recursos materiales y financieros como para permitirnos este tipo de errores?, Reinaldo Barbón Brunet no se molesta, siquiera, en contestarla. El director de la Oficina Nacional de Inspección Estatal de la Construcción en Ciego de Ávila tiene muy claros los tres conceptos básicos que están en el espíritu y la letra del Decreto 327: eficiencia, racionalidad e integralidad.
Entre las inversiones nominales (aquellas planificadas, aprobadas, controladas y evaluadas por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), a propuesta de los OSDE, OACE, Consejos de la Administración Provincial) y no nominales (no aprobadas por el MEP), Barbón considera que las segundas presentan más problemas y lo ejemplifica con el proceso de contratación. “Sin preparación de obra no se puede firmar un contrato y, sin embargo, se hace. Cuando eso sucede, la inversión arrastra problemas en todo el proceso”.
•Lea la primera parte de este reportaje Proceso Inversionista: entre Decreto y Realidad
Tal inventario de “arrastres” incluye, por ejemplo, la reprogramación de las obras, en el momento en que es evidente que no se cumplirán los plazos. Por ahí también se encarece el proceso inversionista, pues se genera una afectación económica que se carga al presupuesto inicial. Si le pido un ejemplo a René Martínez González, Especialista Inspector Estatal de la ONIEC, menciona sin titubear el secadero de arroz en Bolivia (que en marzo pasado estaba todavía en movimiento de tierra), aunque el caso más emblemático es, a no dudarlo, el Hospital General Provincial Docente Dr. Antonio Luaces Iraola. Otras obras retrasadas fueron los almacenes de ALMEST en Turiguanó, la conductora Cayo Coco-Cayo Guillermo y la base de Transmetro en Morón.
El secadero de arroz de Bolivia debe quedar como refleja la imagen de la izquierda. Pero en abril de 2019 todavía estaba en movimiento de tierra (derecha)
Barbón rememora la construcción de las escuelas en el campo, construidas en secuencia hace unas cuantas décadas, y las pone como ejemplo de buenas prácticas al insistir en que, ahora, “en no pocas ocasiones, se 'abren' muchas inversiones a la misma vez, y después vienen los problemas con la fuerza constructora”.
Si bien es cierto que los atrasos no siempre son responsabilidad del inversionista o el constructor, y podría tratarse de la llegada tardía de los recursos (una variable muy presente en la economía cubana), ambos inspectores insisten en la capacidad del inversionista (su conocimiento y exigencia), como la figura más importante del PI. De esa preparación y la valentía para decir “No, en ese plazo no”, cuando el voluntarismo por inaugurar una obra en saludo a una fecha atenta contra la calidad o la lógica, depende el éxito de todo.
Con una plantilla cubierta al 50 por ciento —cuatro “guerrilleros” de nueve posibles, dice con una sonrisa amarga René— la ONIEC en Ciego de Ávila debe inspeccionar, en sus diferentes fases, todo el proceso en lo concerniente a la construcción estatal, y ahora se le incorporan las obras estatales a cargo de cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
Si le pregunto a los inspectores por malas y buenas prácticas, son precisos cuando mencionan las obras del Consejo de la Administración Provincial y las inversiones de ALMEST, en ese orden. Apuntemos aquí, brevemente, que las construcciones de la subordinación local, por lo general, no se amortizan con sus rendimientos, pero tienen un impacto social extraordinario. Y si se están haciendo mal…
En 2018, la Oficina realizó 51 acciones de control, de las cuales nueve tuvieron resultados negativos, calificadas como Deficientes (2) y Mal (7). “Esto implicó 14 medidas administrativas, insuficientes para la gravedad de los problemas detectados”, recalca Barbón.
Después de mucho tiempo, este inmueble por fin está listo para su nuevo encargo estatal
Dentro de las deficiencias identificadas (totalizadas en 220), a tenor de la Resolución 539 del 2000, hubo algunas evaluadas de graves, como el mal control del hormigón. Reincide el restaurante CartaCuba, terminado dos años después de su inicio y que nunca tuvo Licencia de Obra. “Cuando llegamos allí ya habían levantado muros sin saber la resistencia de los cimientos. Tuvimos que enviar a los compañeros de la ENIA a que investigaran el suelo”.
El CartaCuba ya reabrió sus puertas, más hermoso y funcional, ¿pero a qué costo?
Por acá compartimos estas imágenes del Nuevo Restaurante “CARTA CUBA” en el Parque de la Ciudad de Ciego de Ávila, el...
Posted by Ciego de Avila Información on Saturday, April 20, 2019
A seguidas, Barbón Brunet lee en voz alta, como exorcizando demonios, algunas de las deficiencias descubiertas:
• No se realizan las inspecciones de calidad por parte del organismo superior.
• No están disponibles los medios de protección requeridos.
• No se cumplen las medidas de mitigación y monitoreo especificadas en la Licencia Ambiental.
• La entidad proyectista no realiza Control de Autor.
• No se realiza Control Técnico por parte del inversionista.
• Planes de calidad sin registros. No funcionales.
• Mala elaboración y no utilización del Libro de Obra.
• No existe control del hormigón.
• Inadecuada utilización de la Carta Límite de materiales.
• Contratos y suplementos mal elaborados y sin funcionamiento.
• Viviendas dadas como terminadas sin terminación.
En fin… construir
En cada uno de los 10 municipios avileños, la Dirección de Vivienda tiene un departamento técnico, encargado del proceso inversionista y de la conservación del fondo habitacional. Sin embargo, la existencia de la estructura no garantiza la calidad del proceso, pues lo primero que debe ser dicho es que falta personal.
La escasez de técnicos en estos departamentos, y específicamente de inversionistas, no solo en Vivienda, sino en el resto de los organismos que hoy padecen tal anemia, se justificaría con la complejidad del encargo, sí, pero, también, con la baja remuneración y las condiciones en las que deben ejercer sus funciones.
Digamos que, en el Hospital Provincial, por ejemplo, el inversionista cobra menos que el Jefe de Mantenimiento, o que los especialistas del Departamento de Inversiones de la Dirección provincial de la Vivienda (DPV), devengan apenas 430.00 pesos, dando pedales (si es que los tienen) entre una obra y otra. Recordemos en este punto lo que acotaba la profesora Iliana Sánchez en el reportaje anterior: los inversionistas tienen más de 40 responsabilidades según el 327.
Ernesto Herrera Pérez, subdirector técnico de la DPV, reconoce, no obstante, que es imprescindible una mayor capacitación. “Hay que tener más control técnico de las obras, prepararlas con más tiempo”.
Para ilustrar los efectos negativos de la premura el directivo pone sobre la mesa el reto ingente que planteó el huracán Irma en septiembre de 2017, porque significó 31 000 viviendas afectadas de un plumazo. “En muchos lugares tuvimos que preparar la documentación a la par que se trabajaba. Este año eso no ha ocurrido. Hoy no se permite el inicio de una obra sin los permisos correspondientes.”
Este edificio para médicos no se concluyó en la fecha prevista inicialmente. Hoy parece terminado, pero todavía no se entrega a sus propietarios. Como se ve, no solo cambió la fisonomía del inmueble
Si todo marcha como enuncia Herrera, al terminar 2019 Ciego de Ávila deberá haber terminado 1 117 casas. Mas, no perdamos de vista lo trascendido en torno a la construcción de viviendas en el país, durante el balance anual del Ministerio de la Construcción, en marzo pasado: “persisten deficiencias en lo referente a la preparación técnica de las obras, control de la calidad, cumplimiento de los cronogramas de terminación, ejecución del presupuesto y calidad de la información. Además, no se logra detener la fluctuación de la fuerza especializada hacia otros sectores”.
“Lo que se proyecta debe ser construible”, dice Ismael Escobar Perdomo como carta de presentación, cuando lo provoco comentándole que un conocedor de estos temas me aseguró una vez que el 80 por ciento del proceso inversionista se hace “al trozo”. El Director de Construcción y Montaje de la Empresa CONAVIL no es tan categórico, pero reconoce y coincide en que los aparatos inversionistas en la provincia no están todos en las mismas condiciones, desde el punto de vista del capital humano y material.
A estas alturas del año ya Ismael Escobar tiene completo su libro de contrataciones para el año 2020. A la derecha, un acta de conciliación
“Si los inversionistas no cuentan con nosotros a la hora de proyectar y preparar las obras, si desconocen mi capacidad constructiva, el equipamiento tecnológico del que dispongo, ¿cómo pueden hacerlo? Luego son los problemas, tienen que salir a buscar fuera del territorio otras fuerzas y eso encarece los presupuestos.”
La lógica y el Decreto 327 están de su parte, sin embargo, en la “concreta”, si esperaran a que los inversionistas los consultaran en las distintas fases de preparación de la inversión y llegaran con la totalidad de la documentación y las conciliaciones de suministros, no contratarían ni la mitad. “Siempre damos un pequeño voto de confianza”, reconoce.
Prácticamente está obligado a hacerlo, porque para una empresa de 52,7 millones de pesos de capacidad constructiva no es sencillo planificar el 100 por ciento. De hecho, en 2019, el MEP solo aprobó 34 millones y han debido rebuscar en el territorio otras acciones hasta completar 49. La cuenta es sencilla: esta provincia se perderá unos cuatro millones de pesos… traducibles en tantas cosas.
Con todo y lo dicho, en Ciego de Ávila, el año pasado, se detuvieron obras de Recursos Hidráulicos relacionadas con el enfrentamiento a la sequía por falta de fuerza de trabajo. ¿Error de planificación?
Sin esperar milagros
El problema podría ser, como me dijo uno de los entrevistados, que el 327 es una regulación del Primer Mundo aplicada a un país del tercero. Todos los especialistas consultados coinciden en que la norma vino a organizar un proceso que, si bien no se hacía “al trozo” en su totalidad, sí dejaba demasiado espacio a la improvisación y el descontrol.
Georquis Arias Mola, subdelegado de Inversiones de Recursos Hidráulicos, cree que las inversiones ideales no existen, y en eso también estamos de acuerdo. “El decreto organizó el proceso, pero le quedan brechas. Ahora todo recae en los inversionistas y la cuestión no es solo que no estén suficientemente preparados para asumir sus encargos, sino que no cuentan con aparatos logísticos fuertes. El resto de los actores del proceso está esperando a que le pongan todo en las manos”.
El especialista también hace énfasis en los recursos. Habiendo participado desde el principio en una de las obras ingenieras más grandes de Recursos Hidráulicos y la provincia, el Canal Trasvase Zaza-Ciego, asegura que una parte no despreciable del retraso tiene un profundo componente material. Fue la falta de suministros, asimismo, lo que demoró en el tiempo la muy necesaria potabilizadora de Florencia (todavía no se concluye, por cierto, y el municipio de los bellos paisajes sigue siendo, además, el único en Cuba sin sistema de acueducto, pero ese es otro tema) y también algunas de las inversiones en la cayería, donde deben ejecutarse este año unos 18 millones de pesos, moneda total.
• Lea aquí un reportaje sobre el Canal Trasvase Zaza-Ciego de Ávila: ¿La obra de nunca acabar?
Desde su posición de Subdirector de Inversiones de la Dirección Provincial de Economía y Planificación, Yens Toledano Padrón tiene una “vista” privilegiada del proceso inversionista en Ciego de Ávila, aun cuando una buena parte de las acciones de este tipo realizadas aquí no pasan por su oficina; a la postre otra debilidad.
No obstante, el directivo le achaca el incumplimiento de los planes de inversión a las deficiencias que se “heredan” de infringir, también, lo estatuido por el Decreto 304 de 2012 sobre la Contratación Económica. “Ese decreto está bien diseñado, es para todas las organizaciones económicas en Cuba, sin embargo, no lo hacemos cumplir. Te pongo un ejemplo: contratamos con un suministrador la materia prima para noviembre de 2019, la entrega en enero de 2020 y no pasa nada por eso. Pienso que no somos suficientemente exigentes y rectos”.
• Descargue aquí el Decreto 304 sobre la Contratación Económica.
Según Toledano, el componente de Construcción y Montaje ocupa más del 50 por ciento del plan de inversiones general, de ahí que a nivel de país se priorice lo relativo al balance de recursos constructivos, a su vez, conformado por otros siete balances, entre ellos el de carga, energía, agua, capacidad de producción industrial y capacidad constructiva. “Cuando esos siete balances estén en equilibrio, entonces se puede hablar de un balance constructivo en el país. Como ves, es muy complejo, y debe ser hecho entre febrero y mayo de cada año.”
Habla de plazos el joven graduado de Ingeniería Industrial porque, ya se ha dicho, si no se hacen a tiempo los cálculos, balances, conciliaciones y contrataciones, y por supuesto se informa a los niveles correspondientes, luego el proceso no “camina”. Y también en este ámbito la indisciplina campea.
“Pero se ha avanzado”, asegura el directivo. “Hace 11 años no se hablaba de capacidad constructiva, ni se sabía, por ejemplo, que el balance de capacidad de carga de la subordinación local (el qué puedo hacer y con qué cuento para hacerlo) tiene una demanda de 60 millones de pesos y una capacidad de 44 millones”.
Y aunque Ciego de Ávila se ha mantenido por encima de la media del país en el cumplimiento del plan de inversiones, durante los últimos seis años, hay consenso en que se continúa subestimando la importancia de la etapa de preinversión, supuestamente para favorecer la fase ejecutiva, pero también allí se notan los “descosidos” de una tarea que debiera tener costuras reforzadas.
Al cierre de abril, confirma Ileana Venegas, directora provincial de la DEP, el plan de inversiones territorial se ejecuta al 26,6 por ciento, lo que se traduce en ligeros atrasos, “si lo vemos de forma lineal”. En 2019 Ciego de Ávila se propuso ejecutar una de las mayores cifras de su historia: 595 millones de pesos.
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Antes de la puesta en vigor del Decreto 327, el 60 por ciento de los ministerios y demás instituciones responsabilizadas con el proceso inversionista carecían de normas para regularlo eficazmente. No obstante, siempre se asumió que el Reglamento y sus 14 resoluciones complementarias no obrarían el milagro de un día para otro. De hecho, Toledano Padrón cree que, teniendo en cuenta los cambios a nivel mundial en el ámbito de la Construcción, la regulación se ha quedado retrasada.
Cinco años después, algunas de las 44 deficiencias identificadas en el diagnóstico pre-decreto siguen pendiendo sobre el PI, entre ellas la falta de integralidad en el proceso, poco rigor y calidad en los estudios de factibilidad y un inversionista que, a pesar de las enormes responsabilidades y prerrogativas conferidas, todavía se prefigura como el actor más débil, al faltarle liderazgo, motivación y estabilidad profesional. (Volvamos, por un segundo, a la escena de futuros ingenieros civiles sin dudas en el aula de la profesora Iliana y adivinemos cuántos, en el futuro cercano, serán inversionistas.)
Lo confirman las palabras de Alejandro Gil, Ministro de Economía y Planificación, durante una reciente intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular: “Cuba enfrenta un ineficiente cumplimiento del proceso inversionista. Cuando nos referimos a esto no lo hacemos solo a que los niveles de inversión que hemos venido alcanzando en los últimos años están por debajo de lo planificado; en 2018 el componente que más deterioro tuvo fue el de Equipos, no exactamente el de Construcción y Montaje, pero lo que nos está pasando, más que eso, es que no siempre garantizamos que las inversiones se puedan amortizar con su propio rendimiento. Y eso es algo que la Economía tiene que resolver”.
Los datos del ministro apenas reflejan lo sucedido el año pasado. Aquí en Ciego de Ávila, para no ir más lejos, en junio próximo se cumplirán tres años de la puesta en marcha de una fábrica de queso a base de leche de cabra, ubicada en Gaspar, que solo ahora, según atestigua Agapito Cabrera Pérez, su actual director, comienza a cumplir su plan de 125 litros de leche diarios. Así no hay amortización que valga.
Visto lo visto, digamos que la Economía debe vestirse de cirujano, ¡pronto!, y, con precisión, cortar todos los cordones umbilicales que la mantienen conectada a la ineficiencia. No hay de otra.