Aunque la coyuntura actual impone otras limitaciones de índole material, aquí de lo que siempre se ha tratado, cuando hablamos de proceso inversionista, es de la eficiencia. Y según todos los diccionarios consultados, eficiencia es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles.
El viento del sur deposita sobre la costa un vaho caliente y salado que, a veces, asfixia, mientras las viejas patanas, procedentes de Cienfuegos, atracan y descargan cemento o fertilizante. Cabotaje, trasiego entre puertos de un mismo país, navegar sin alejarse demasiado de la orilla. Para eso ha quedado la prometedora Terminal de Azúcar a Granel de Palo Alto; aunque no sea poca cosa.
Por el embarcadero, en la costa sur de Ciego de Ávila, entraban y salían barcos de hasta 30 000 toneladas y 200 metros de eslora, cargados de azúcar, en días en que pitaban casi todos los centrales avileños y el oro dulce cubano alcanzaba para el consumo interno, y hasta se exportaba. En un tiempo fue así. Ya no.
Vista de Embarcadero Palo Alto. Foto: Tomada de Google Earth
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Iban a ser las salas de un hospital pediátrico, ubicado al noreste de la ciudad, pero casi nunca se oye el llanto de un bebé ni se ve entra y sale de gente, como en cualquier hospital de este mundo, más que a la hora de ir o regresar del trabajo. Cuando el elevador se rompe, los siete pisos —escaleras arriba con bicicletas, jabas y todos los santos juntos— parecen multiplicarse.
Allí viven en la actualidad unas 100 familias, después que el edificio se erigiera parcialmente, se derrumbara una parte, se volviera a construir y quedara en el olvido, como un esqueleto gris y huérfano abandonado en el medio de la nada. Convertir en viviendas un inmueble desahuciado no era la idea original de los arquitectos y proyectistas; pero no es poca cosa.
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Se quedaron apuntando al cielo con sus tantos metros de hormigón enhiesto y su vocación de columnas. Pilares para sostener el deporte, se suponía. Aguantarían sobre sus aceros la polivalencia de una cancha en la que remates, canastas, goles bajo techo y quién sabe cuántas disciplinas más habrían cabido de manera organizada, planificada. Una decisión de “arriba” mandó hacia Las Tunas la estructura del techo y aquí nos quedamos así, mirando al cielo entre pilastras.
Luego —garciamarquianamente hablando, muchos años después— se trajo arena blanca de los cayos y se transformó el matorral donde aquellas columnas, como palmas, se erguían a despecho de los niños y adolescentes, futuros deportistas, que caminaban por la acera y no podían responderse la simple pregunta de ¿y esto qué es? Un voly de playa en la periferia de la ciudad. No era lo previsto, pero tampoco es poca cosa.
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Hay un cordón umbilical que conecta y alimenta estas historias... y otras. Enlaza las más insospechadas construcciones en tierras avileñas, desde un canal trasvase que, tres décadas después de la primera excavación, todavía no lleva el agua de Oeste a Este; un hospital interminable; una Circunvalación Sur detenida antes de empezar; una pista sintética para el hockey donde solo ruedan, por ahora, las justificaciones; un par de secaderos de granos que no secan nada (ni los argumentos); un velódromo que nunca fue; un parque de recreaciones que, de tan ambicioso, murió la muerte de lo imposible; hasta un estadio de béisbol donde nunca se terminó la sección de gradas de la banda derecha y, ahora que los Tigres agitan las pasiones, se nota tan pequeño e insuficiente. Tan poca cosa.
Hay un cordón umbilical que lo conecta todo y se necesita pulso firme y precisión de cirujano para cortarlo de una vez.
Camisa de 11 varas
Los alumnos de la profesora Iliana no tenían dudas. Ella explicaba los intríngulis del Proceso Inversionista (PI) en un powerpoint cargado de artículos y disposiciones, recogidas en el Decreto 327 de 2014 Reglamento del Proceso Inversionista, y los muchachos no tenían dudas. Por aquí empiezan los problemas, me dije.
Desde 1977, al menos tres normas regularon y ordenaron el PI en Cuba, conjunto de acciones que persiguen el crecimiento y desarrollo económico y social de un país, mediante la ampliación y modernización de las capacidades productivas, el fomento de las exportaciones y la sustitución de importaciones.
En 2014, el Consejo de Ministros, haciendo uso de sus facultades, decretó el reglamento ya mencionado, texto legal publicado en enero de 2015 y de estricto cumplimiento para “todas las inversiones que se realicen en el territorio nacional por las personas jurídicas estatales. También se aplica a las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano”, según se lee en el primer artículo.
Quedaron fuera de su alcance las personas naturales, mientras que, en el caso de las empresas mixtas, las partes de los contratos de asociación económica internacional y las empresas de capital totalmente extranjero, aplican dicho Decreto “en lo que corresponda y con las precisiones previstas en el mismo”, según dispone el Artículo 2.
“Conviene entender a las inversiones —explicaba la profesora— como el gasto de recursos financieros, humanos y materiales con la finalidad de obtener ulteriores beneficios económicos, sociales y medioambientales, a través de la explotación de nuevos activos fijos, tangibles e intangibles”.
Es así que, acciones de rehabilitación, remodelación, reposición, reparación capital, restauración, ampliación y modernización, caben todas dentro de la jurisdicción del proceso inversionista, no así los mantenimientos.
Básicamente, una inversión busca dar solución a uno o más problemas y, para lograr su cometido en el tiempo previsto y con los resultados esperados, debe seguir una serie de pasos lógicos, que comienzan con el diseño y la preparación, continúan con la ejecución y operación, y terminan con el control.
Dicho así, podría parecer sencillo, se trataría apenas de poner bloque sobre bloque, construir y ya. Pero la diapositiva número 13 en la presentación de la profesora Iliana es más que elocuente: los cuatro sujetos principales del PI (inversionista, proyectista, suministrador y constructor) tienen, en total, 107 responsabilidades, en tanto los sujetos no principales, dígase el explotador y el contratista, entre los dos, suman 16. Es lo que en el argot popular llamaríamos una camisa de 11 varas.
Cuando terminó la clase, la arquitecta Iliana de los Ángeles Sánchez Martínez, Máster en Ciencias en Dirección General de Proyectos y presidenta de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción en Ciego de Ávila, confirmó la suposición inicial. El principal tropiezo del proceso inversionista en esta provincia es la escasa preparación del sujeto más importante: el inversionista. “A veces son personas que no tienen calificación y no saben en qué se meten. La figura del inversionista, según el decreto, tiene 40 responsabilidades”.
ABC = Aprender Bien a Construir
El gracejo popular, siempre tan sabio, dice que lo único que se construye de arriba para abajo son los pozos. El resto tiene que empezar a levantarse desde el suelo y con bases sólidas, so pena de que, al menor contratiempo, caiga sobre sí mismo, como naipes.
Y podríamos creer que es una verdad de Perogrullo, demasiado obvia para que haya a quien se le ocurra hacer lo contrario, pero Leonel Rodríguez González, director de la Unidad de Investigaciones de la Construcción, filial Camagüey, subordinada a la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA), asegura que más de un inversionista “olvida” solicitar los estudios ingenieros-geológicos del suelo al encarar el proceso. De hecho, también se “olvidan” otros aspectos técnicos, como la calidad del hormigón o de los áridos, unas veces por ignorancia y otras por ahorrar donde no se debería. Leonel no menciona nombres de organismos porque la ética y la confidencialidad de su servicio se lo impiden, mas, los ejemplos están. ¿En el pasado?, pregunto. En el pasado reciente, responde.
• Un caso de “olvido” y mala práctica que provocó grietas no solo en las paredes de un edificio
Si las cosas se hicieran como deben ser y en el orden cronológico que establece la norma, ni a la ENIA se le encargaran acciones de “control de daños” ni al Instituto de Planificación Física (IPF) se llegara sin el Anexo Cinco Modelo de Solicitud de Microlocalización, dispuesto por el Decreto 327 y sus resoluciones complementarias. Eso infiero de la conversación con Arley Noroña Rodríguez, director provincial de IPF, quien insiste en el factor tiempo. “Las inversiones se preparan de un año para otro. Los plazos de cada permiso están diseñados para que los organismos rectores no tengan que “correr” ni se atrasen las obras. Cuando se viola lo establecido, quieren que nos apuremos y no es posible.”
Lo cierto es que, a cinco años de la puesta en vigor del Reglamento, un número no despreciable de inversionistas todavía no conoce el abc de su encargo y deja para después lo que, por lógica y mandato, debiera priorizar. Llegan a la ventanilla única sin los documentos elementales que posibilitarían encauzar sus necesidades con la brevedad que estipulan los plazos.
“Muchos no saben que una microlocalización tiene vigencia por tres años, o que las Licencias de Obra, luego de la primera acción, no caducan. Eso les da margen a ir trabajando en el resto del proceso, sin apuros ni urgencias”, explica Niuris Hernández Canales, subdirectora general de IPF.
Y aunque ambos especialistas aseguran que no existen atrasos hoy en la permisología, las reuniones semanales de la Comisión Provincial de Compatibilización que preside el IPF son un botón de muestra de las tensiones hacia lo interno del mecanismo.
La Comisión —establecido así por el artículo 77.1, Capítulo IV, del 327— es un órgano de consulta permanente, integrado por representantes de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Energía y Minas, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Salud Pública, Interior, Industrias, INRH y la Defensa Civil. Se reúne con frecuencia semanal y de allí el cien por ciento de los proyectos sale y entra con requerimientos diversos, desde lo concerniente a la prevención de incendios hasta la mitigación de los impactos ambientales.
Debería existir una Comisión, también, en cada municipio, pero Noroña Rodríguez es enfático cuando dice que no están creadas las condiciones en los territorios para asumir esta tarea. “No hay personal capacitado ni estructuras”, recalca. En algún punto del futuro inmediato, esta limitación chocará con la autonomía municipal reconocida por la Constitución.
Como representante del CITMA, Daylon Fundora Caballero es la persona que dice “esto sí, esto no”, atendiendo a las regulaciones contenidas en la Ley 81 de Medio Ambiente. Si bien algunos organismos quieren “meter presión” y acelerar los trámites, enarbolando el mantra de “tiempo es dinero”, el joven Máster en Ciencias Biológicas y Especialista de Evaluación de Impacto Ambiental en la Unidad de Medio Ambiente en Ciego de Ávila es irreductible con su encomienda. En su opinión, el proceso es largo, mas, lo que podría entenderse como una debilidad, es, asimismo, una fortaleza, porque permite ordenar y controlar en todo momento.
La especialista de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado explica las características de una conductora en Morón
En una de las reuniones semanales de la Comisión, por ejemplo, el representante de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) puede “secarle” las aspiraciones a cualquier inversionista si, como sucedió el 27 de marzo pasado, el proyecto para la construcción de viviendas biplantas en Majagua no había contemplado una solución viable para las aguas residuales.
Antes, la proyectista de los edificios conocidos como CAP, localizados en el Consejo Popular Indalecio Montejo (Ortiz), de la capital avileña, alertaba que la emisión de licencias parciales, independientes para cada inmueble, podría ser un problema al final, pues está faltando la concepción general de la urbanización.
Más o menos, eso es lo que ocurrirá en Morón, cuando haya que romper un vial recién reparado (añejo planteamiento de la comunidad finalmente resuelto) para instalar 4,3 kilómetros de una conductora de agua potable que refuerce el abasto a la Ciudad del Gallo y garantice el suministro a las 5 000 viviendas que ALMEST ya empezó a construir en la zona cercana al Hospital General Docente Roberto Rodríguez.
O en Micro C, en la cabecera provincial, donde deberán construirse 10 viviendas y, justo en el área a edificar, hay un poste de electricidad. Allí todavía no se decide quién reunirá en un solo proyecto lo concerniente a las redes, el movimiento de tierra y el replanteo del espacio físico.
“Estamos haciendo picotillos en las urbanizaciones. ¿Dónde está el Proyectista Principal que estipula el Decreto 327?”, se escuchó en medio del debate.
Más organizado sí, pero más demorado también
Cuando la inversión requiere la participación, a la vez, de varios proyectistas —manda el 327 en su artículo 31, Capítulo III—, el inversionista puede designar a uno de estos como proyectista principal. A juzgar por lo dicho en la citada reunión, este paso se ha obviado en Ciego de Ávila, aun cuando, luego, entren en contradicción, por ejemplo, los proyectistas de la obra con los de las redes (hidráulicas, eléctricas, comunicaciones) y no sea posible establecer jerarquías.
El arquitecto Roberto Regalado Franco cree que, en ocasiones, los problemas objetivos derivan en subjetivos. Como Director de Diseño Uno en la Empresa de Ingeniería y Diseño DIMARQ, ha liderado un sinnúmero de proyectos, entre los que se incluyen las urbanizaciones concebidas al calor de la recuperación post huracán Irma (Punta Alegre, Macizo Cañero, etc.). “En esos casos no existe un proyectista principal porque la máxima dirección del país decidió que las redes exteriores hidráulicas y sanitarias las acometiera la Delegación Provincial del INRH, a partir de recursos asignados centralmente a ese organismo. Pero no es la norma”.
Tampoco es la norma la ausencia de elementos de entrada, pero ocurre con mayor frecuencia de la que admitiría una excepción. “Estamos hablando de la Tarea Técnica, un informe de estudio patológico, un estudio de suelos, análisis estructurales de áreas. El decreto dice que todo esto debe estar en nuestras manos para poder proyectar. Sin embargo, en la práctica se incumple”.
En la práctica también sucede que los inversionistas menos experimentados, o los funcionarios impuestos de la “misión” —con más voluntarismo que capacidad—, acuden a DIMARQ apenas con una idea mal esbozada de lo que quieren o necesitan. “Casi debemos hacerles la Tarea Técnica”, confiesa Regalado. En esos casos, los proyectos transitan por un camino largo, de entradas y salidas al IPF y a la Comisión de Compatibilización, cargados de requerimientos.
— ¿Y eso no encarece el servicio que ustedes prestan?
— Sí y lo demora.
De proyectos pagados y engavetados en 13 años de trabajo en DIMARQ, el Master en Ciencias Regalado Franco puede dar una disertación. Según cuenta, solo del inmueble que hoy ocupa el Salón de Belleza en el bulevar se hicieron y pagaron ¡cinco! proyectos.
También, en el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola se ha debido gastar bastante dinero por concepto de cambios en el proyecto, más motivado por la propia dinámica de la obra, que porque no se sepa lo que se quiere hacer, apunta Regalado, aun cuando las coyunturas empujen a ampliar un inmueble, a todas luces, sobresaturado. “Hoy diseñas un espacio para un equipo y dentro de cinco meses ya no es uno, sino dos, o uno más sofisticado, con otros requerimientos. El proyecto general ha variado mucho, todos los años se transforma. La proyectista principal es diplomada en Seguridad Biológica y, después de un curso de actualización en La Habana, por ejemplo, tuvo que cambiar algunas cosas en el área de laboratorios, para que estuvieran a tono con los nuevos requisitos.”
Junto a las demoras ocasionadas por el desconocimiento de los inversionistas, el otro punto flaco de la empresa de cara al PI es el Control de Autor a las obras en ejecución, obligación número 18, de 23 que contiene el artículo 33, Capítulo III del Decreto 327. La falta de personal incide negativamente en el cumplimiento del encargo estatal: hoy DIMARQ tiene apenas 21 plazas cubiertas de una plantilla de 54. En parte por movimientos internos (la unidad ubicada en Cayo Coco está completa, mas solo puede trabajar con las obras de la Asociación Económica Internacional, identificadas como prioritarias), aunque también ha existido éxodo externo.
Sin embargo, las dificultades con el Control de Autor no serían tan visibles y contraproducentes si, en el día a día, no fallaran, además, otras revisiones inherentes al Proceso Inversionista, digamos el Control Técnico. Evidencias concretas y muy recientes apuntan al restaurante CartaCuba, donde se violó el proyecto eléctrico y hubo que rehacerlo, con los consecuentes costos adicionales.
En la propia urbanización de Ortiz, por inobservancia de las especificaciones del proyecto y la microlocalización, dos edificios quedaron más unidos de lo permitido por las normas y fue necesario reajustar “en caliente” el cierre de las culatas, pues ya estaba hecha la cimentación. Ahora, el edificio CAP 8 tiene una ventana menos, que no es poca cosa.
¿Estamos tan holgados con los recursos materiales y financieros como para permitirnos este tipo de errores? Mantenga esa pregunta en mente y espere las conclusiones de esta investigación en un próximo reportaje.
¿Dónde estaba el responsable de velar porque se cumpliera lo dispuesto en la microlocalización y el proyecto del edificio CAP 8, mientras los constructores cimentaban?