Una indicación nacional, aún no publicada, reguló la venta liberada del gas licuado, pero a una parte de los clientes las cuentas no les dan.
Las noticias, cuando lo son, no esperan. Saltan a la calle con inexplicable rapidez y nos sorprenden, digamos, en el punto de venta de gas licuado, adonde hemos ido a comprar certidumbres, no lo contrario. Aunque no se ha publicado oficialmente, ya es de dominio público que, desde el pasado miércoles 21 de agosto, ese derivado del petróleo estará aún más regulado en su distribución.
De boca en boca y desde los puntos de venta diseminados en la capital avileña se ha esparcido la información. La actual coyuntura con los portadores energéticos en el país, de la cual no escapa el gas licuado, ha requerido la aplicación de medidas de ajuste temporales en la comercialización del producto.
En esas instancias se les ha informado a los usuarios que, en el caso de los clientes normados, solo podrán adquirir las dos balitas que corresponden en el año, una cada seis meses. Sin embargo, la nota publicada por el diario Escambray, de Sancti Spíritus, habla de ciclos de compra alargados, “en correspondencia con la cantidad de consumidores del núcleo”. Donde sí coinciden las informaciones es en que estos clientes, aun teniendo un contrato de gas liberado, no podrán acceder a esa variante.
Para los que, una vez abierta la posibilidad, contrataron el servicio a partir del 5 de junio de 2017 de forma liberada, a precios no subsidiados (unos 36 000 avileños), se fijó la compra en una balita cada 60 días. La nota espirituana habla de otro grupo de consumidores, “clientes de los municipios y de la ciudad cabecera provincial que poseen el contrato de reserva”, quienes solo podrán comprar dos cilindros de 10 kilogramos en el año.
En abril último, otra indicación nacional había paralizado en toda Cuba, por tiempo indeterminado, el proceso de contratación y arrendamiento de cilindros de 10 kg. En esa oportunidad, la Unión CubaPetróleo (CUPET) emitió un comunicado informando las causas, identificadas como “afectaciones en la importación de las llamadas balitas y problemas de financiamiento para la adquisición de materias primas”. Pero ahora la población ha debido enterarse al llegar al punto de venta y, tal vez, regresar con las manos vacías.
Si los problemas actuales del país para la adquisición de combustibles, agravados por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense —denunciado por el propio Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez—, son públicos, ¿por qué no se ha explicado oportunamente a los consumidores los cambios en la comercialización? ¿Acaso la no disponibilidad de portadores energéticos está clasificada como información sensible para la defensa y la seguridad nacional, únicas dos limitaciones al derecho ciudadano a la información, refrendada por la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos?
De la decisión implementada el pasado miércoles se desprenden otras interrogantes y razonamientos. A estas alturas, casi una década después de la Revolución Energética y del último censo, no se puede saber quién cocina con hornillas eléctricas y quién con gas licuado.
La venta liberada en las cabeceras provinciales, al menos en su última etapa, nació torcida. Antes de cumplirse el primer mes de su aplicación, el 30 de junio de 2017, CUPET cambió la orientación inicial, en lo relacionado a la cantidad de contratos y cilindros permitidos por núcleos, aduciendo la falta de envases; y tampoco lo informó en su momento.
Tal y como dijimos en esa oportunidad, a todas luces, el cálculo inicial se quedó por debajo de la realidad. Solo en Ciego de Ávila, entre el cinco y el 26 de junio de ese año, se arrendó el 75 por ciento de las balitas previstas para el trimestre. No obstante, y de cierta manera, la comercialización liberada de ese combustible equiparó a una población que, ahora, será segmentada en función de criterios inexactos.
Lo que ya está reclamando el consumidor es que, dada la cantidad limitada de gas licuado disponible (según han explicado en los puntos de venta, se cuenta solo con el combustible almacenado en las plantas), lo justo habría sido calcular con más precisión y lógica, pues si para el grueso de los contratos la venta será cada dos meses, ¿por qué una cifra inferior lo recibirá cada seis? ¿Otra vez el cálculo se quedará corto?
Al cierre de esta información, la Empresa Comercializadora de Combustibles en Ciego de Ávila no había recibido autorización para ofrecer información a la prensa sobre estas medidas. Tampoco CUPET en su página web había publicado nada al respecto.