En Ciego de Ávila los precios de los productos agrícolas siguen debatiéndose en la tarima.
Aunque los más encumbrados especialistas lo expliquen, y se dicten por cuantos y por tantos, hay una lógica insoslayable en la economía del ordenamiento: la cuenta tiene que darle al productor, a la empresa y al cliente. Si uno de las cálculos inclina su balanza, el favoritismo dañaría una tríada tan estrechamente relacionada que es imposible juzgar precios sin mirar en esas direcciones.
Randy Jesús Martínez Martínez, director económico en la Delegación Provincial de la Agricultura, sabe que no todas las operaciones están dejando saldos favorables. Y no lo dice desde su visión de licenciado en Matemáticas Aplicadas y cursante de un doctorado en Economía…, lo sostiene mientras enseña un listado de precios para productos agrícolas y hace notar una contradicción que hoy encendería aún más el debate en cualquier tarima.
“A algunos productos deberá subírsele el precio de venta, porque el aprobado está por debajo del costo y, de no cambiarse, acabaría perjudicando al productor, y si a este no le da la cuenta, el resultado es sencillo: deja de sembrar”, concluye.
El costo del plátano burro, el plátano vianda y el boniato, por ejemplo, supera más de 50.00 pesos por quintal el precio aprobado. La decisión de modificarlos trasciende los reajustes avileños, pues se trata de precios máximos impuestos de manera centralizada. “Por eso solo podemos limitarnos a proponer el cambio para que el Ministerio lo evalúe”, alega Randy, sin desconocer que el asunto se complejiza por otra cuenta no menos sencilla.
“Todo lo que está cosechándose ahora fue plantado cuando el combustible, la energía, las semillas, los fertilizantes… no costaban lo que cuestan; si muchos productores sortean aún la estrechez de sus ganancias, dentro de unos meses no será posible.”
Ante esa disyuntiva, los decisores tendrían dos alternativas posibles: o bajan el precio mayorista de algunos insumos para abaratar costos (y asume el país ese monto) o suben el precio de compra en el campo y, por consiguiente, el precio final del producto (encareciendo más la oferta al consumidor).
Reducir impuestos de recaudación por la comercialización de productos agrícolas, lo que también “aliviaría” el precio final, o buscar el máximo de eficiencia allí donde se produce, podrían ser otros caminos a tomar. Sin embargo, igual que el alza de la materias primas e insumos impone incrementos lógicos de precios, por más eficiente que sea una entidad, no es menos cierto que hacer descender los costos no es Resolución decretada a implementarse de un día para otro.
Al menos tres empresas de la Agricultura no están pudiendo con el reordenamiento y tienen sus estados financieros con saldos negativos. La Empresa Integral Agropecuaria, de Ciego de Ávila, y las Agropecuaria y Arrocera, de Chambas, encabezan la lista a la que deberán sumarse otras en lo adelante.
Esto podría suceder aun cuando se prevé un incremento de precios, seis meses después de implementada la Tarea. No está escrito de esa manera en la Resolución 324 del Ministerio de Finanzas y Precios; no obstante, la tabla que muestra los índices de conversión que deben aplicarse en una etapa y en otra, lo deja claro.
Anexo 1 de la Resolución 324 del 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios
Según Randy, el costo de cada producto se multiplica por ese índice y da como resultado el precio máximo aprobado. Así se fijan los precios. El arroz, digamos, de haberse multiplicado por 6.74, lo hará por 10.12 a partir de julio. La cría porcina va de 1.95 a 2.02. Las hortalizas de 8.0 a 9.43… Ese índice, que tiene implícito otros cálculos fijados en el nivel central, modificará las dinámicas de la tríada (productor-empresa-consumidor) y ya en la tarima se especula que “muchas cosas se pondrán más caras. O se perderán”.
Casi que lo pregonan con anticipo en el Mercado de Ortiz, en la capital avileña, donde el precio actual de la libra de guayaba (8.00 pesos) y de la calabaza (4.00) no acaba de digerirse. “Nadie entiende que la libra de malanga se haya topado a lo mismo que la de guayaba, cuando sabemos las grandes diferencias entre un cultivo y el otro, ni entendemos por qué la calabaza está tan cara”, dice sin tapujos Yunieska Domínguez Álvarez, una de las vendedoras del lugar.
Randy tampoco logra desentrañar tales vericuetos, porque a dichos productos se les fijó el precio máximo centralizado. A pesar de ello, confiesa que permanecen sacando cuentas y en diálogo con los gobiernos provincial y municipales para intentar mover cualquier precio hacia abajo sin afectar a los agricultores.
El rejuego es difícil. Esta semana, por ejemplo, el Consejo de Gobernación aprobó bajar la yuca de 4.00 pesos la libra a 3.00, y la col de 5.00 a 3.00. En paralelo, las estadísticas ilustraban que había descendido su precio de compra en el campo, al menos 50 centavos por libra.
Pareciera que no hay forma de “aflojar” por un lado sin “apretar” por el otro, amén de que la uniformidad de los precios deja entrever que todos se están rigiendo por el máximo posible y terminan igualando kilómetros, calidad, rendimientos… La población de la ciudad cabecera podría estar pagando lo mismo por el boniato excelente que un guajiro cosechó a 30 toneladas por hectárea en Bolivia, que el que salió de Ceballos medio pica’o.
Dichas comparaciones han resultado esclarecedoras entre municipios y provincias, y los listados de precios dejan al descubierto el sinsentido. Mientras en Sancti Spíritus el cerdo en bandas fue topado a 60.00 pesos, aquí “pudimos darnos el lujo” de ponerlo a 35.00. De ese modo, Majagua y Jatibonico parecen dos municipios de dos países diferentes; aunque luego podemos percatarnos de que allí la libra de pimiento es a 5.00 pesos, mientras que los avileños la pagamos a 11.00. O que los espirituanos tienen mejores rendimientos en la guayaba que llevamos años produciendo para millones de barras y, por tanto, ellos pueden venderla a menos de 6.00 pesos.
La lista es extensa y podemos asombrarnos con que una libra de col en el Vedado esté a 3.00 pesos, igual que en Ciego de Ávila. Y con que la lechuga de Sancti Spíritus cueste 10.00, mientras que la capitalina valga 5.00.
• Lea los listados de precios inicialmente aprobados en ambas provincias: Ciego de Ávila y Sancti Spíritus
Las interrogantes ante semejantes disparidades apuntan en varias direcciones. Desde la falta de análisis profundo e integral, como admitiera en un reporte de prensa el Intendente espirituano, hasta la tendencia a cobijar la ineficiencia con los precios del mostrador, como sugiriera Carlos Luis Garrido Pérez, primer secretario del Partido en esta provincia.
Pero también podría tratarse de rentabilidad y eficiencia en unos surcos, e improductividad y pérdidas en otros. Sin descartar, por supuesto, que en unos lugares las fichas de costo sean un espejo de la realidad y en otros un tapete para inflar valores e imponer precios abusivos.
Lidiar con dichos altibajos y encontrar un “término medio” que no desproteja a ninguno de los actores económicos que hoy intentan ordenarse, parece una tarea dificilísima a la que Randy Martínez no le teme, a pesar de tener muy claro que el camino está plagado de torceduras que no siempre puede enderezar.