Cuatro años después Giraldo recuerda aquel artículo de Invasor mejor que yo. Aquel litigio en cifras que nunca logró arrojar el peor de los daños: cuánto dejaron de hacer los guajiros a los que Azcuba les rescindió el usufructo para sembrar la caña que finalmente no plantó. Cuánto les costó irse a otra parte. Cuánto, empezar de cero.

“Pues a la mayoría de esa gente, un tiempo después, se le devolvió la tierra que le habían quitado”, dice Giraldo Pérez Pérez, jefe del Departamento de Control de la tierra y tractores, en la Delegación Provincial de la Agricultura, y su noticia es tan alentadora como triste.

El tiempo pasado se había encargado de volver improductivos los suelos donde florecían frijoles, boniatos, calabazas… y que se necesitaban (y necesitarán quizás) para abastecer a la Bioeléctrica. Suelos que a inicios de 2022, según informara Raudel de la Torre Rodríguez, director de Caña de la Empresa Agroindustrial Azucarera Ciro Redondo, iban plantados a menos del 50 por ciento del plan inicial. Unas 5000 hectáreas (ha), de las 14 000 que debe tragarse la paralizada industria.

Por eso, durante casi dos años no hubo caña ni frijoles. Luego —ya sabemos— los campesinos retomaron su rutina, aunque ninguna de las partes operó al margen de las leyes: los dueños de las tierras reclamaron su pertenencia para plantarlas; los usufructuarios tuvieron que retirarse ante la no renovación de su contrato.

Ahora parece que la realidad, empecinada, acaba de demostrarles que todos ganan: quienes ceden y quienes reciben. Se suponía que ya eso fuera ley en la maleza, pero las terquedades y el entusiasmo también florecen en los campos. No han sido pocos los tenentes que durante años han mantenido (y mantienen) tierras bajo su dominio a la espera de poder plantarlas, en su mente, en planes del futuro,  mientras el presente se hipoteca.

No obstante, las cosas van cambiando, una veintena de cooperativas, la mayoría cañeras, venderán sus tierras ociosas y se les pagará con el presupuesto del Estado. Ellas se las transfieren a una empresa y la empresa las añade al fondo de tierras ociosas. Suman unas 5000 ha, aclara Giraldo, queriendo darle un viraje a una situación que lo merecía desde mucho antes.

Porque hace tres años ni siquiera la mitad de las unidades cañeras del territorio pudo distribuir utilidades, y nada indica que la situación haya mejorado luego de pandemias, ordenamiento y crisis económica.

Esas 5000 ha todavía no engrosan los números que cerraban septiembre, cuando más de 29 000 permanecían en el fondo de tierras ociosas, listas para ser entregadas.

Los datos que manejaba Giraldo entonces, hasta la primera semana de octubre, hablaban, en lo que iba de año, de 6331 solicitudes, de las cuales el 73 por ciento (4593) habían sido aprobadas. El resto se mantenía en proceso, salvo 97 denegadas.

Más allá de esos trámites que, por decreto, pueden llegar a 160 días, amén de que se pida agilidad, hoy el principal problema, considera Giraldo, está fuera de las oficinas. “Es la ubicación de esas tierras y las condiciones en las que están”, afirma.

En un contexto agravado, además, por la escasez de petróleo y fertilizantes, desbrozar marabú y plantar viandas, por ejemplo, no parece económicamente factible para muchos de quienes tendrían que pensar, también, en el estado del camino de acceso al surco (donde lo haya) y en cómo regarlo (donde sea posible).

Sin atreverse a juzgar si cada pedacito ocioso obedece a esa realidad, la foto de cada municipio pudiera reflejarnos algo de esa imagen si se “escarba” la tierra.

Al cierre del 12 de octubre esa era la “foto fija” de Ciego de Ávila: mostraba la cantidad de solicitudes en lo que iba de año, la cantidad de tenentes desde que se aprobara el Decreto-ley 259, y las hectáreas que aún quedaban disponibles

“¿Qué le podría pasar a Primero de Enero, además de que las tierras son lejanas e intrincadas?, que muchos de sus pobladores están asociados a la zafra y que otra buena parte los absorbe la Empresa Arnaldo Ramírez, que es muy grande y donde se conforman con lo que ganan y no pasan los ‘trabajos’ de enderezar la maleza y ponerla a producir”, se aventura Giraldo.

O podría ser que Morón, al enfocarse en su cayería norte, nos muestre, de paso, por qué tiene tanta tierra ociosa y tan pocas solicitudes.

Al final, nadie ha hecho una encuesta para entender por qué no miramos a la tierra con urgencia, aunque una larga lista de etcéteras podría explicarlo, incluso, en medio de exigencias y de una crónica dependencia de las importaciones.

¿Lo habrán entendido del todo las 26 unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) que en la provincia alistan sus expedientes para la extinción parcial de sus tierras? No es esa una pregunta retórica que se haga el directivo de la Agricultura. Lo que cuenta para Giraldo es que una parte del terreno que tienen ocioso deberán cederlo, por facultad y aprobación del ministro. Así, los nuevos usufructuarios podrán cultivar la tierra, “ya no solo por el tiempo pactado en el contrato, sino mientras esa unidad no tenga todas sus áreas en producción.

KatiaGiraldo Pérez Pérez, jefe del Departamento de Control de la Tierra y Tractores, asegura que hoy la política vigente establece, incluso, decretar tierras ociosas de oficio y traspasarlas al fondo, si las empresas se muestran reacias o lentas en ese proceso

“Si se vence el contrato —pasan 10 años, digamos— y esa UBPC no tiene sus áreas completas en explotación, no puede reclamar aún ‘sus’ tierras”, aclara el jefe de departamento. El entrecomillado en “sus” es intencional, pues muchos se creen dueños, a pesar de que ya se han cansado de demostrar que no pueden con lo que tienen. ¿Dueños para qué?, podríamos cuestionarles.

Tales entresijos explican las causas de que Ciro Redondo, por ejemplo, aparezca con cero tierras ociosas, debido a que muchas de esas unidades que venderán áreas o le serán extinguidas, pertenecen a ese municipio. En papeles, no tiene; en la práctica, la improductividad de sus suelos podría sobrepasar a cualquier otro territorio. Todavía no sabemos.

Lo que sí sabe Giraldo es que la disponibilidad de tierras se mueve, por suerte. Que, incluso, Cítricos pasará al fondo unas 2000 ha y lo mismo hará La Cuba con otras bajo su poder; empresas que, si bien implementan planes de desarrollo, hoy pueden permitirse que otros exploten sus suelos, hasta tanto el futuro no se les convierta en presente.

Este presente avileño, sin embargo, no puede ser todo lo nítido que debiera. Problemas del sistema informático le impiden a Giraldo acceder al último censo, efectuado en 2020. La comparación lo remite a 2018 (el más cercano), cuando de las 428 000 ha agrícolas —un número que se mantiene— en unas 79 000 florecía el marabú, solo 22 000 se declaraban ociosas, disponibles, y unas 58 no tenían nada plantado.

Si en el 2022 crecen, “afortunadamente”, las áreas ociosas es también porque los antiguos dueños han ido cediéndolas a una velocidad en la que no han podido explotarse; amén de que 4607 expedientes se hayan rescindido en los últimos dos años. Tierras que les fueron retiradas a sus usufructuarios por diversas causas y que, en ese período, sumaron unas 32 ha al fondo.

Que la cifra de tenentes al cierre de la primera semana de octubre fuera de 14 917, también habla de una sobrevivencia que se ha cultivado con sacrificios. Pero no todos los sacrificios, al menos en las actuales circunstancias, alcanzarán para que germinen las hectáreas de la geografía avileña, por más que sean suelos de primera o segunda categoría. No basta con la tierra, aunque por ahí se empiece.

Algunos todavía dudan en “poner los pies en la tierra”. Y es triste, y lógico, mientras no se escarben los tropiezos arrancándolos de raíz.