Bancarización: el incumplimiento sistemático es la norma
Foto: Michel Guerra
No se trata de señalar culpables, sino de reconocer que hay un problema estructural que merece una respuesta consecuente
Hay imágenes que resumen realidades complejas, como la del ciudadano que debe pedalear varios kilómetros, bajo el sol, para comprar una bolsa de arroz, no porque escasee en los estantes, sino en busca de la oportunidad para adquirirlo mediante un pago electrónico, como única opción ante la carencia de dinero en efectivo.
La respuesta que recibe se repite, una y otra vez: “No aceptamos transferencias”. En el mejor de los casos, solo le admiten comprar por esa vía si abona un 15 o 20 por ciento por encima del precio, algo que no puede permitirse, porque el salario es insuficiente y el arroz no es la única necesidad.
Puede ser la historia de cualquier trabajador que pretende solventar las urgencias del hogar, mientras se enfrenta a las limitaciones de la bancarización, pensada como facilidad, sin embargo, convertida en problema, debido a una desconexión preocupante entre lo que dictan las leyes y la realidad.
Desde 2023, las resoluciones 93 del Ministerio de Comercio Interior y 111 del Banco Central de Cuba son claras al respaldar este proceso, como parte del cual todos los actores económicos están obligados a aceptar pagos electrónicos a través de las plataformas virtuales Transfermóvil y EnZona, y tarjetas magnéticas. La medida responde a la necesidad de reducir la dependencia del efectivo y conceder funcionalidad a las cuentas donde la mayoría de los trabajadores y pensionados reciben sus ingresos.
Pero, al desandar las calles se descubre una verdad incómoda: el cumplimiento es la excepción, y la violación sistemática es la norma. Y lo más grave: ocurre sin que nadie parezca asumir consecuencias.
Para entender el problema hay que analizarlo desde ambos lados del mostrador, sin simplificaciones. El dependiente o el pequeño negocio que rechaza el pago digital, no siempre actúa por mala fe. En muchos casos, sus propios proveedores no aceptan transferencias o les exigen pagar en efectivo. Por tanto, si reciben el dinero en el banco, luego no pueden convertirlo en billetes para reponer la mercancía y el negocio dejará de funcionar.
Esta es una de las grandes paradojas de la bancarización: se ha depositado el salario de las personas en cuentas bancarias, pero una parte considerable de la economía —eslabones de producción, distribución y venta mayorista— sigue operando con lógicas del efectivo. El resultado es una cadena rota: el dinero electrónico llega hasta la puerta del comercio minorista, pero allí choca con un muro.
A esto se suman las dificultades que enfrentan actores económicos: intermitencias en el servicio eléctrico que afectan la conectividad para procesar cobros, limitaciones con las plataformas cuando las tarjetas son de diferentes sucursales bancarias, y una desconfianza que nace de la experiencia de haber tenido fondos “congelados” en cuentas que no siempre se pueden mover con la agilidad que un negocio requiere.
Ninguna de estas razones justifica violar la ley. Pero si se ignoran, cualquier intento de hacer cumplir las resoluciones será superficial y terminará fracasando.
El problema más grave no es la negativa, sino la forma en que muchos comercios terminan “aceptando” el pago electrónico: con un recargo que oscila entre el 10 y el 20 por ciento adicional. En la práctica, quien decide usar los canales de desembolso que la ley promueve termina abonando a un costo superior que quien logró extraer billetes.
Esto invierte la lógica de la política económica. En lugar de incentivar la bancarización, se penaliza. Quienes logran acceder al efectivo tienen mayor capacidad de compra. En cambio, las personas que mantienen su dinero en el banco reciben un castigo en forma de sobreprecio o se quedan sin poder comprar.
Tales circunstancias alimentan la especulación. Las personas se ven obligadas a recurrir a redes informales de cambio de dinero electrónico, aceptando perder un porcentaje de sus ingresos para obtener los billetes que los comercios exigen. El círculo se cierra: el efectivo escasea, pero es la única vía de acceso a productos básicos, mientras los depósitos bancarios son moneda de segunda categoría.
Cuba cuenta con plataformas funcionales ─Transfermóvil y EnZona, con probadas condiciones y seguridad para la realización de pagos por códigos QR y transferencias inmediatas─, sin embargo, persisten obstáculos como la falta de articulación de toda la cadena económica, la ausencia de una fiscalización sistemática y la impunidad con la que muchos actores económicos deciden ignorar lo estatuido.
....
Hay un punto que no se puede eludir: las violaciones están a la vista. No requieren de grandes investigaciones, ni de denuncias complicadas.
Cualquier persona que entre a un comercio puede comprobar, en segundos, si aceptan o no el pago electrónico, o si imponen un recargo por usarlo. Las autoridades tienen la posibilidad de constatar estas infracciones, sin más herramienta que caminar por las calles.
Que eso no ocurra de manera sistemática habla de una debilidad institucional que termina afectando a quienes menos responsabilidad tienen en este entramado: ciudadanos comunes que solo quieren comprar con el dinero que ganaron trabajando.
No se trata de un asunto menor. Cuando una persona no puede acceder a alimentos, medicamentos o transporte porque su dinero está “atrapado” en el banco y ningún comercio cerca de su casa acepta pagos electrónicos, el problema deja de ser técnico para convertirse en una vulneración del derecho más elemental: el acceso a lo básico para vivir.
La política de bancarización fue concebida como una herramienta para ordenar la economía, reducir la informalidad y proporcionar mayor seguridad a las transacciones. Pero cuando su implementación no va acompañada de condiciones reales —una cadena de pagos integrada, fiscalización efectiva, sanciones para quienes incumplen y estabilidad en los servicios que sostienen las plataformas—, el resultado es el contrario: más exclusión, más informalidad y más desgaste para una población que ya enfrenta suficientes dificultades.
Este no es un problema que se resuelva solo con nuevas resoluciones o con discursos. Ya hay leyes. Lo que falta es voluntad para hacerlas cumplir, pero también para entender por qué tantos actores económicos las violan y ofrecerles alternativas reales para operar sin depender del efectivo.
Urge una fiscalización que no sea esporádica ni anunciada, sino sistemática y con sanciones que realmente disuadan. Se necesita que los bancos garanticen a los pequeños negocios que podrán acceder al efectivo cuando lo requieran para sus operaciones, sin convertirlo en una odisea. Se necesita que las plataformas funcionen con estabilidad, respaldadas por soluciones energéticas que eviten que un apagón deje a un comercio sin poder cobrar, algo en lo que se trabaja con prioridad.
Se necesita, sobre todo, que la voz de los ciudadanos tenga eco y sea suficiente para mover estructuras, sin esperar por una acusación formal, pues el problema está en cada esquina.
Cuba ha dado pasos importantes en la creación de un ecosistema de pagos electrónicos, pero no funcionará de manera correcta si las piezas no encajan. Hoy, la pieza más débil es la articulación entre lo que la ley manda y lo que la economía real permite, entre lo que el Estado deposita en las cuentas y lo que los comercios están dispuestos a recibir.
Resolverlo no es solo cuestión de cumplimiento normativo. Es cuestión de coherencia. No se puede pedir a las personas que bancaricen sus ingresos si después no pueden usarlos para comprar lo básico. No se puede promover el comercio electrónico como política de Estado mientras se tolera que quien lo usa pague más caro.
Cada vez que un área de venta se niega a aceptar un pago electrónico o impone un recargo por hacerlo, no solo está violando una resolución, está rompiendo el vínculo de confianza entre la política económica y la vida cotidiana de las personas.
No se trata de señalar culpables, sino de reconocer que hay un problema estructural que merece una respuesta consecuente.
La voluntad política está declarada. Las herramientas existen. Hace falta traducir todo eso en hechos habituales, porque al final del día, el ciudadano no mide el éxito de la bancarización por las resoluciones emitidas, sino por la posibilidad de comprar con el dinero que tiene en su cuenta. Mientras eso no sea posible para todos, habrá una asignatura pendiente.