—Si se fue la corriente y entonces el producto terminado salió con mala calidad, ¿por qué tomaron la decisión de venderlo?

—Ayer decidimos recogerlo. No va a pasar más.

—Eso lo que hace es generar más disgusto. Los apagones van a continuar, no pueden seguir con esa chapucería.

Se trata de un fragmento que pudo captar Invasor, pero de ningún modo es un trozo cualquiera de conversación. Ilustra la pelea sistemática del sistema de atención a la población con los encargados de ofrecer mucho más que buen trato a las personas, pero que, en ocasiones, con su actuar provocan las quejas y peticiones de un pueblo que no puede conformarse con lo mal hecho.

Yamilet Santana Blanco, jefa del departamento independiente que se encarga de la atención a la población en el Gobierno Provincial, toma un segundo aire cuando cuelga el teléfono y aclara que cuando se ventila un caso, “lo situamos en la plataforma Bienestar, y de inmediato se lo pasamos al director correspondiente; y él nos tiene que dar respuesta, formulada por escrito”.

Entre las ventajas que proporciona al ciudadano, “Bienestar te ofrece ahorro del tiempo y de dinero, al reducirte los traslados hacia las entidades que prestan los servicios de trámites, te mantiene informado de la situación de los mismos, te brinda atención y respuesta a tus planteamientos y problemas y te garantiza confianza, pues éstos se conocen por todas las autoridades e instituciones involucradas en su solución”. En tales términos lo argumenta la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid), creadora del programa, en su página https://www.xetid.cu

Pero los afectados, inmersos en las complejas dinámicas que impone la realidad, no siempre disponen de suficiente tiempo ni de los recursos tecnológicos, ni siquiera del dominio de las herramientas básicas para acceder al mundo digital, tampoco optan por hacer acto de presencia en las oficinas destinadas al efecto, de modo que trasmiten sus inquietudes lo mismo en una reunión que en una conversación en plena calle. ¿Quién puede asegurar que la queja o petición que se expresa en contextos como los anteriores sea asentada en el correspondiente registro digital y tenga el debido e inmediato tratamiento?

De otra parte, las estructuras administrativas, los recursos humanos cuando están de moda las plantillas de cargo incompletas y el andamiaje informático que demanda la búsqueda de soluciones, no siempre funcionan a plenitud, para potenciar la “comunicación bidireccional de los ciudadanos y el Gobierno” y la capacidad creadora de este con la participación popular, como se pretende con la plataforma de marras, y en general, con el sistema de atención a la población.

PACIENCIA VS MOROSIDAD

Los acuciantes problemas que forman parte del encargo social de la Empresa provincial de Acueducto y Alcantarillado y las unidades empresariales que se le subordinan coparon casi todo el espacio de la última página impresa de este medio de prensa el pasado día 15. Una vez más, los contenidos ratificaban la tendencia que sitúa a dicha entidad entre las que recibe más quejas de la población en 2024, según precisiones de Yamilet Santana Blanco.

En particular, la respuesta que vio la luz ese día a una insatisfacción expresada en la sección Cartas abiertas, llama poderosamente la atención. Pablo Rogelio Socorro Carbonell la había enviado en representación de los residentes en las 16 viviendas ubicadas en la calle Isabel, entre Arnaldo Ramírez y Cuarta, en la cabecera provincial. Fue publicada el 20 de abril del presente año, y expresaba el descontento colectivo por la ausencia de agua potable, “a pesar de estar a menos de una cuadra del tanque elevado del reparto Vista Hermosa”.

Más de un mes tardó la contesta que en términos respetuosos emitió la máxima dirección de la entidad, y en la que se afirmaba que sería enviado al lugar un especialista, quien “evaluará detalladamente el sistema de suministro de agua y buscará alternativas para mejorar la situación, y garantizar un abastecimiento constante y seguro. Su objetivo será identificar cualquier problema existente, y proponer soluciones a corto y largo plazo”.

Lo cierto es que, al cabo de más de 60 días, Socorro Carbonell y los que le rodean en el vecindario no han conocido de acción alguna, ni él, en tanto autor de la queja, ha sido contactado, en función de hacer factible la “comunicación bidireccional de los ciudadanos y el Gobierno” que en casos como este parece naufragar.

Al otro lado del Ferrocarril Central, Reimundo Carracelas Méndez libra una gestión igual de angustiosa y lenta, en pos de acceder al servicio de agua potable que nunca ha dejado de pagar. Vecino de calle B, número 545, altos, en el Consejo Popular Roberto Rivas Fraga, Reimundo no descansa, ni puede darse el lujo de hacerlo, en el intento de contar con la autorización para descifrar el punto de la vía desde donde parte la acometida hidráulica que corresponde a su vivienda. Inició el trámite en septiembre del pasado año, pero 10 meses después, continúa sin contar con el documento que autorice a picar la porción de la calle.

Un resumen de las andanzas del afectado incluye, al menos, las reiteradas visitas a la entidad municipal y provincial de Acueducto y Alcantarillado (en cuatro ocasiones ha sido atendido directamente por la directora provincial), a similares instancias de Planificación Física, y a la oficina de atención a la población de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En cada caso “me han atendido muy bien, siempre me han anotado los datos principales y me han orientado, pero la solución a algo aparentemente muy sencillo no aparece por ninguna parte”.

Obra en poder de Reimundo una copia de la solicitud enviada por la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Acueducto y Alcantarillado del municipio al Instituto de Planificación Física, fechada el 19 del mes en curso, en cuya breve argumentación se plantea que la petición formal del pique se hace “en busca de soluciones prácticas que permitan garantizar este servicio” (el de agua), “imponiéndose el restablecimiento a su estado original de la calle después que la acción sea ejecutada”.

Escuchar las “escaramuzas” en las que se han visto enroladas personas como las que forman parte de las historias sintetizadas en estas líneas patentiza que términos cubanísimos como papeleo y peloteo mantienen indeseada vigencia, como si ahora mismo asistiéramos al estreno del filme La muerte de un burócrata, la obra maestra de Tomás Gutiérrez Alea.

Sin embargo la disminución de los plazos temporales para dar respuesta a los daños y perjuicios constituye uno de los pilares que sustenta la Ley 167, “Del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas”, aprobada en diciembre de 2023 por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El texto de la normativa aún se encuentra en proceso de revisión, antes de ser refrendado por el Presidente de la República y publicada en la Gaceta Oficial, pero sí queda claro en su contenido que, salvo casos excepcionales, el plazo para ofrecer una respuesta a las quejas de las personas naturales y jurídicas es de hasta 30 días naturales, contados a partir de la fecha de recibidas por la autoridad competente para atenderlas.

LENTO DEAMBULAR

El reportero transita por el largo y limpio pasillo, toca a la puerta de Yorgi Luis Gómez Solano, director adjunto en la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado. Ni obstáculos, ni trabas, el periodista se presenta ante el directivo; este le indica que se siente y espere, una nueva rotura afecta el abasto del vital líquido y Pocholo, como lo identifican en la entidad, no alcanza ni a pedacitos, a la hora de coordinar posibles variantes que en las próximas horas alivien la situación.

“Las vías para atender a la población son múltiples, de manera presencial o por teléfono, mediante el Portal del Ciudadano en el Poder Popular, a través de la prensa… En todos los casos se toman los datos, se procede a ir al lugar. Se formula una posible respuesta. Incluso, lo consultamos con los demás técnicos-directores que están vinculados a los procesos, si es abasto, si es obstrucción.

También está el despacho municipal y el despacho provincial, que es donde se asientan todas las inquietudes que se expresan en la provincia, — calle Joaquín de Agüero, número 72, entre Abraham Delgado y Narciso López—, pero donde realmente se le da solución al tiro de agua en pipa y a las obstrucciones, es en el despacho de los municipios.

“En la oficina provincial están las solucionadas en el año, las pendientes, y las que no tienen solución y las causas, entre ellas, la inestabilidad en el servicio de agua, a veces estamos en condiciones de ofrecer el servicio, pero no hay corriente”.

Invasor confirma que la persona que atendía a la población en la UEB del municipio solicitó la liberación del puesto de trabajo, en su lugar se situó a un trabajador jubilado que hasta donde puede se empeña en atender bien a la ciudadanía. Gómez Solano explica que el otro director adjunto está en enfermo y en algún momento pudiera ampliar la información.

Entretanto, en calle Bembeta, número 10, entre Marcial Gómez y Honorato del Castillo, es decir, en la otra sede de la empresa provincial, ya se cuenta con una persona para atender a la población. Hasta allá había ido antes el reportero. Pudo intercambiar brevemente con la joven Laura María, quien hace poco más de un mes ocupa el puesto y aún, como es lógico, aprende. De momento, resulta poco menos que imposible contar con los datos actualizados a mano.

La red humana se resiente, por incompleta y porque no son todos los idóneos. Si a ello se une que la capital provincial padece los achaques de una ciudad no tan vieja, pero que se sirve de tuberías en estado deplorable, que el centro urbano depende de ladrones de agua y también hacen lo suyo los cruzamientos de agua potable con albañales, que el resto de los municipios más complejos en cuanto a al trazado urbano de sus ciudades cabeceras (Morón y Chambas) también generan múltiples quejas, no es difícil comprender por qué, inmersa en un mar de obstrucciones y salideros, la atención a las quejas y peticiones del pueblo suele deambular por corrientes lentas e inseguras.