(Actualizado 28 de mayo del 2007)

Por Noelio Tiuna (AIN)

El gobierno estadounidense recrudece el bloqueo financiero a Cuba, en el afán de cortar las fuentes de financiamiento y las potencialidades de desarrollo de la economía de la Isla, que va dejando atrás las penurias del período especial.
  

Más de un centenar de agencias gubernamentales norteamericanas coordinan el cerco a La Habana, con acciones que van desde el control del flujo de pasajeros entre ambos países a la persecución de cualquier transacción, negocio o convenio de Cuba con terceras naciones.
  

Desde la millonaria multa a la Unión Banca Suiza (UBS) por sus vínculos con el Banco Central de Cuba, hasta las sanciones y penas a quienes viajen o se relacionen con instituciones cubanas, los resortes del bloqueo buscan cerrar el menor resquicio, siguiendo las pautas a una política con más de 40 años.
  

Por ahí andan las compras de instituciones financieras norteamericanas de bancos, cadenas de hoteles y cuanta empresa se relacione con Cuba, en un accionar extraterritorial que, incluso, mereció legislaciones antídotas en Europa y América Latina.
  

El 8 de julio de 1963 el Departamento del Tesoro emitió las llamadas Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos. La totalidad de la suma bloqueada para entonces se valoraba en unos 30 millones de dólares y comprendía no solo lo perteneciente al Estado cubano y sus empresas, sino también los de cualquier nacional de Cuba, ya sean entidades privadas y los individuos.
  

Se pretendía entonces privar a Cuba de recursos financieros, utilizar esos fondos como medio de presión e, incluso, para compensar a los ciudadanos de Estados Unidos, cuyas propiedades fueron nacionalizadas en la Isla.
  

El monto fue incrementándose en todos estos años a costa de fondos congelados a entidades estatales y ciudadanos cubanos, de las transferencias bancarias bloqueadas, destinadas o provenientes de nacionales cubanos, y los activos pertenecientes a terceros que han sido bloqueados por sus nexos con Cuba.
  

Según el informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el total de activos cubanos secuestrados en Estados Unidos se estimaba en 268,3 millones de dólares.
  

Tales fondos correspondían a depósitos del Banco Nacional de Cuba y de una empresa de Telecomunicaciones de la Isla, por el pago de servicios a llamadas de larga distancia.
  

Pero desde mediados de los años ’90 del pasado siglo Washington comenzó a utilizar el dinero que legalmente pertenece al Estado cubano para financiar al negocio de la contrarrevolución y el terrorismo.
  

La paradoja es tal que las leyes antiterroristas de Estados Unidos son bien duras contra el secuestro de aviones (recuérdese el modus operandi de los atentados a las Torres Gemelas), pero la justicia y el gobierno otorgaron órdenes de incautación y subasta a tres aeronaves cubanas (AN-2, DC-3 y AN-24), secuestradas respectivamente el 11 de noviembre del 2002, el 19 de marzo del 2003 y el 31 de marzo del propio año.
  

Estas acciones contaron con la complicidad del gobierno de Bush, que tenía autoridad legal para anular las órdenes de retención de los aviones (emitidas por jueces de la Florida) para retornarlos a La Habana, pero no hizo nada para impedir se consumara el robo.
  

Pero no fue el último. El 27 de noviembre del pasado año, poco más de 72 millones de dólares de los fondos congelados de Cuba fueron transferidos como compensación a los familiares de dos ciudadanos norteños que perdieron la vida cuando participaban en acciones armadas contra la Isla en los primeros años de la Revolución.
  

Otros que aspiran a repartirse el botín incautado por Washington son los mercenarios que de uno y otro lados del Estrecho de la Florida hacen de la contrarrevolución un pingüe negocio.
  

Como resultado del hurto continuado, la mayoría de los fondos de entidades del Estado cubano retenidos en bancos de Estados Unidos prácticamente se han extinguido. Así, quedan también en la estacada las alrededor de 6 000 empresas estadounidenses registradas al calor de la agresión a Cuba, como interesadas en recibir indemnización por actos de nacionalización.
  

Ya en el pasado, el gobierno norteamericano impidió cualquier arreglo entre las partes, con lo que añadió nuevos obstáculos a una futura normalización de relaciones, en la que La Habana deberá ser resarcida por el robo de sus activos financieros.