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Cuarenta y
cinco años de robo institucionalizado contra Cuba
(Actualizado
7 de
julio del 2008)
Por Roberto Pérez Betancourt (AIN)
En los 45 años
transcurridos desde que el 8 de julio de 1963 el gobierno
norteamericano estableciera las llamadas "regulaciones para el
control de los activos cubanos", administraciones de ese país
han robado 170 millones 233 536 dólares del patrimonio cubano
depositado en bancos estadounidenses.
La medida tuvo
antecedentes en febrero 3 de 1962 cuando el presidente John F.
Kennedy ordenó a los secretarios del Tesoro y de Comercio
instrumentar la prohibición de importar todos los productos de
origen cubano, y reforzar la prohibición de exportaciones
norteamericanas hacia Cuba.
Tras la derrota
sufrida por Estados Unidos en su invasión mercenaria de Playa Girón
(Bahía de Cochinos) en abril de 1961, era evidente el propósito de
chantajear al gobierno de La Habana, a poco más de cuatro años de
ejercicio del poder revolucionario.
En 1963 se
suspendió las operaciones financieras en dólares mediante bancos
estadounidenses y fueron embargados los bienes cubanos en ese
país, estimados entonces en unos 30 millones de dólares.
Con el transcurso
de los años fueron incrementándose los fondos congelados de Cuba a
costa de entidades estatales y ciudadanos cubanos,
transferencias bancarias bloqueadas y otras fuentes.
Un reciente
informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro al Congreso de Estados Unidos, reveló que
los activos monetarios de Cuba ascendían a 268,3 millones de
dólares congelados cuando la codicia despertó iniciativas a los
ladrones de "cuello blanco".
Mediante
prácticas mafiosas, los confabulados han saqueado a la Isla más de
170 millones de dólares desde 1963, informó el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba a Naciones Unidas en
2007.
Esa cantidad
forma parte del perjuicio de más de 129 000 millones de dólares que,
según Georgina Barreiro, ministra de Finanzas y Precios de Cuba,
ha causado en 45 años el bloqueo económico, comercial y
financiero de Estados Unidos contra instituciones y familias
cubanas, por la adición de sucesivos edictos y leyes
extraterritoriales.
Para esquilmar
los fondos cubanos, las autoridades norteamericanas se han
valido de componendas leguleyas al amparo de su arbitraria
legislación, con la explícita complicidad de varios presidentes y
del propio Congreso norteamericano.
También se han
servido de tramposos testimonios de presuntos afectados con el fin
de favorecer descaradamente a representantes de la mafia
terrorista que se hospeda en Miami bajo protección oficial.
Las decisiones
judiciales se han basado en mentiras reiteradas y en amañados
fallos de cortes de la Florida, carentes de fundamentos jurídicos
reales, procesos que ilustran el grado de corrupción en la
impartición de justicia en Estados Unidos por medio del robo
institucionalizado contra Cuba.
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