Bolsillos flacos por la espera

A la cifra se le puede mirar desde arriba o desde abajo. Un matemático dirá que 262 000 es un número compuesto; un economista que con ese dinero, en el ámbito macro, apenas se puede hacer algo; y un campesino que, teniendo tal cantidad de pesos, garantizaría una cosecha de frijol, de maíz o de boniatos.

Con esa relatividad cualquiera podría perder el rumbo de la reflexión, si no fuera porque, en efecto, son 262 000.00 pesos los que entidades del territorio le deben a las bases productivas, un detalle llevado a punta de lápiz en la instancia provincial de gobierno en Ciego de Ávila.

El dato tiene cierre 28 de febrero y fue discutido en la reunión mensual donde rinden cuenta los deudores, aunque, a veces, como sucedió en la más reciente, haya quien prefiera que le marquen la ausencia antes de dar la cara.

“Es más inmoral deber 5000.00 pesos que un millón”, decía Manuel Rieche, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial para la Economía, aludiendo a una empresa que debe esa cantidad de dinero a los campesinos, apoyado en la lógica de que mientras menor sea la cifra más fácil se debería liquidar.

Desde esa instancia el monto total del débito no preocupa tanto, a sabiendas de que son cuantías “pagables”, pero el responso tomó cuerpo pues, si esto sucede ahora, cuando apenas hay productos agropecuarios para ofertar a la población, en los próximos meses podría complicarse el panorama.

Acopio, Ganado Menor y la UEB Majagua de Empresa Integral de la Agricultura son las organizaciones señaladas con cuentas por pagar vencidas al concluir febrero.

Justamente, en el segundo mes del año, los resultados de la XII Comprobación Nacional al Control Interno cuantificaron en 12 millones de pesos los adeudos de las ocho entidades inspeccionadas. Pusieron de relieve, además, que todavía la elaboración y cumplimiento de los contratos, la disciplina financiera y la evasión de información a los organismos supervisores son situaciones no resueltas.

Las cuentas por pagar y cobrar, en no pocas ocasiones, semejan más una pulseada para ver quién aguanta por mayor tiempo en sus arcas el capital, que un convenio dentro del marco jurídico vigente. Lo que unos demoran en pagar es, a su vez, lo que otros deberían tener ya depositado para pagar a seguidas, y así, no hay economía que aguante.

La discusión, no obstante, obvia por un momento otra dimensión del problema, tan primordial como la salud de la contabilidad y las finanzas de las empresas y la provincia. La tardanza en el pago a los hombres y mujeres que producen buena parte de la comida del pueblo avileño hace mella, precisamente, en la capacidad de continuar garantizándola, por no hablar de la motivación, el interés y las ganas.

De esos dineros que no llegan en el tiempo establecido —y que luego podrían “trabarse” también entre las bases y los campesinos— dependen los trabajadores contratados, los insumos necesarios para producir, la economía familiar. Por lo general, los guajiros no tienen más salario que lo generado por el acopio de sus cosechas.

Aun cuando 262000.00 pesos son muy pocos comparados con los presupuestos del CAP y las empresas avileñas, para quienes se levantan temprano a sacar los boniatos del surco, a ordeñar las vacas y a guataquear los frijoles lo son todo.

Si sagrados resultan los bolsillos de la nación, y en eso no hay dudas, tampoco admiten demoras ni relativizaciones los sudados bolsillos de los campesinos. No importa si se miran desde arriba o desde abajo.