Domingo, 21 de julio de 2019 3:30 PM

Nuevo enfoque

Si un punto de giro importante propone el Proyecto de Constitución de la República de Cuba, es en lo referido al ordenamiento del gobierno de los municipios. Es tal el alcance en ese aspecto, que esta considera pertinente prescindir de las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Radica la novedad, en lo esencial, en la idea de que, como sociedad local, estos gocen de mayor autonomía… Facultad que no aparece, de forma explícita, en la Carta Magna aún vigente.

Pero, como se ha reiterado, la decisión de someter nuestra Ley de leyes a profundas modificaciones obedece a razones que se han ido decantando con el tiempo. De manera que esa libertad de acción a escala territorial se ha visto venir de unos años acá.

Es un adelanto en lo que ahora se proyecta, la labor emprendida a partir de los Lineamientos emanados de los dos últimos congresos del Partido (2011 y 2016) de potenciar un programa de Iniciativa Municipal de Desarrollo Local, comprendida la materialización de proyectos que tributen, además, a los ingresos de los gobiernos para destinarlos, en lo fundamental, a la materialización de nuevas inversiones.

Propósito que propulsa, al propio tiempo, la finalidad de sustituir importaciones, la generación de divisas y el perspectivo autofinanciamiento territorial. Como también representa una antesala de lo que, al presente, promueve el Proyecto de Constitución: la contribución territorial del uno por ciento para lo cual son gravados los ingresos obtenidos por las empresas, sociedades mercantiles y cooperativas de la propia demarcación, con el objetivo de ser empleado en actividades previstas en los gastos corrientes y de capital.

A nuestro entender, la nueva Carta Magna se enfoca, aquí, en los objetivos de “limar” las irregularidades que no han permitido avanzar en ciertas líneas con mayor celeridad, así como en seguir sentando las bases legales en el camino hacia el pretendido despegue hacia el desarrollo.

Ahora, no pensemos que la posterior aplicación de la proposición que, en el discutido documento, se hace, será tarea fácil. Que con aprobar el texto sobrevendría, automáticamente, la solución al dilema de hallar el justo punto medio entre el excesivo tutelaje ejercido desde las instancias nacionales hacia las direcciones locales, ubicadas, en definitiva, más cerca de las dificultades y carencias que limitan la vida del ciudadano común.

Sabido es que es más viable un cambio en el plano material que en el nivel de un pensamiento arraigado. Eso, sin dejar de reconocer que la citada autonomía, de acuerdo con el sentimiento del cubano, y tal como aparece en el Proyecto, “se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país (…)”.

En la práctica, la posibilidad de conceder mayores facultades al gobierno local es necesaria y estimable; para lo cual, desde nuestra óptica, y entre otras concesiones, debería autorizarse el uso de cierto monto financiero y material sin tener que gestionar su aprobación, con suficiente antelación, ante el Ministerio de Economía y Planificación. Contrarrestando así las comunes violaciones a la Ley del Presupuesto.

De todos modos, el itinerario de los artículos 163 y 164, y de otros, puestos ahora a consideración de la mayoría, requerirá de otras tantas acciones a fin de dejarlo lo más llano posible, y en el que mucho tendría que decidir la anunciada aparición de la Ley de Municipios.


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