Las ráfagas de la duda

Raiza Mendoza Marín, residente en el Edificio Cinco, No. 22, en la comunidad de Ramón Domínguez de la Peña (Macizo Cañero) del municipio de Venezuela, llegó a Invasor sofocada, por el calor y el disgusto. Su primera expresión fue: ¡Esto no tiene nombre!

El 3 de febrero se publicó su caso, La extraña fórmula de un subsidio. Ella explicaba que llevaba dos años yendo a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), por las filtraciones existentes en su vivienda, con incrementos astronómicos del consumo eléctrico, pérdida de equipos electrodomésticos; sin obtener otra respuesta que “estaba planificada con subsidio de 11 000.00 pesos”.

Al ceder la palabra a la DMV en Venezuela, llegó a nuestra redacción la carta firmada por Leydis Soler González, su directora, publicada bajo el título de Huracanes, en la que afirmaba: “(…) se pudo conocer que la recurrente era propietaria de una vivienda en el consejo popular de Palmarito, en el poblado de Júcaro, la cual fue afectada por el huracán Michelle, por lo que se le realizó una rehabilitación al inmueble, beneficiado con el zinc de donación que en aquel momento se recibió (…).

“Posteriormente compró de forma no autorizada ilegal el apartamento que refiere en su carta; que era una vivienda vinculada al Ministerio del Azúcar, cuyo organismo nunca realizó ninguna acción de conservación y rehabilitación en los apartamentos de esa comunidad, por lo que ya existía deterioro debido a los años de construcción, pasando dicho inmueble al fondo del Estado.”

Le explico ahora por qué tanta sofocación la de Raiza al acercarse a la redacción de Invasor, citando algunos fragmentos de la misiva recibida por ella, y firmada, también, por la directora de la DMV, quien luego de describir la veracidad comprobada de las filtraciones y el estado precario de la morada, manifiesta: “Se conoció, además, que la recurrente habita el inmueble hace aproximadamente tres años en calidad de arrendamiento.” Cuestión preocupante, pues en la respuesta dirigida a este órgano de prensa, Soler González declaraba el estatus ilegal de la compra del apartamento.

No obstante, aclara: “(…) la dilación en la solución del caso ha estado determinada por falta de financiamiento (…) situación que se agrava luego del paso del huracán, por las severas afectaciones al fondo habitacional y en este período solo se han otorgado subsidios en dos ocasiones (…) con prioridad para los damnificados por Irma”.

Sin embargo, aunque pasa de su alcance, se enrarece el procedimiento, según la directiva incluido en la Ley de otorgamiento de subsidios: se abren dos convocatorias al año, los expedientes que no sean aprobados en la primera pueden ser presentados en la segunda; al cierre de diciembre no deben quedar expedientes pendientes y a las personas que se les deniegue por falta de financiamiento pueden, en el año que comienza, volver a realizar su solicitud.

De cualquier manera, las ráfagas de la duda circundan la situación de Raiza. Por fortuna la misma Ley expone: “los casos que no constituyen prioridad número uno deben, para su aprobación, ser valorados en el Consejo de la Administración Municipal, y luego presentarlos al Consejo de la Administración Provincial, de forma excepcional, bien fundamentada”. Ahí podría estar la solución definitiva. ¡Ah!, Mendoza Marín posee documentos que avalan que el techo de zinc conferido a ella para la antigua casa de Palmarito, según Soler González, de donación, le fue cobrado centavo a centavo.