Lunes, 19 de noviembre de 2018 9:14 AM

Dos en la misma senda

Miriam Amparo Torralba Jova, vecina de Edificio 9 apartamento 40, Micro C, reparto Vista Alegre en Ciego de Ávila, y Yanira de la Caridad Valdivia Díaz, ambas trabajadoras del Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, viven una situación común que exponen en su carta de hoy.

“Al regresar de misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela, (…) en 2015, solicité a la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), la posibilidad de construir una vivienda en el terreno ocupado por una construcción a medias y abandonada desde hacía varias décadas, que nos pareció debía pertenecer a Salud Pública, pues estaba destinada a la construcción de un Consultorio del Médico de la Familia (…).”

El espacio en cuestión se ubica en calle 12, entre Joaquín de Agüero e Independencia, y la DPV le responde: “(…) la Dirección Municipal de la Vivienda no tiene facultades para entregar viviendas, ya que sus funciones y facultades consisten en controlar las viviendas disponibles del fondo del Estado, las que son asignadas por el Consejo de la Administración Municipal (…).

“(…) a mediado de julio de 2015, el inversionista de la Dirección Provincial de Salud (DPS) me informa que me habían concedido el local (…). Igual respuesta recibió mi compañera. Comencé a habilitar el lugar, pues toda el área estaba plagada de hierba y árboles que habían crecido dentro del perímetro de las paredes (…). No obstante la construcción no se pudo comenzar debido a que ni la DPV ni la DPS tenían conocimiento de cuál era el organismo propietario del terreno, lo que ocasionó que mi colega hiciese llegar una queja a la Dirección Provincial del Instituto de Planificación Física (IPF) mediante el Departamento de Atención a la Población del Poder Popular Provincial.”

Según describe IPF le responde que el local había tenido varias propuestas de cambio de uso y que no es quien otorga las viviendas, toda vez que existe el Acuerdo No. 134 del Consejo de la Administración Provincial (CAP) de fecha 27 de abril de 2011, siendo facultad de la Asamblea Provincial del Poder Popular la aprobación y otorgamiento de los inmuebles.

Alega que en el Departamento de Inversiones de la DPV les explicaron que el trámite tomaba tiempo y que, en 2016, estarían dentro del Plan estatal. El 22 de enero reciben la confirmación de la DPS de que se les había concedido su solicitud, con la cual tramitan el proyecto ejecutivo, inscripto el 30 de septiembre de ese año con el No. 46, e inician, en marzo de 2017, las labores constructivas con el derrumbe de los muros debido a su mal estado, y comienzan a aparecer otras dificultades.

“(…) no coincidían las medidas del proyecto con las medidas reales del inmueble, y se paraliza la obra (…) hasta que los arquitectos realizaron las adaptaciones correspondientes”. La edificación prosiguió y al comenzar a levantar las paredes del segundo nivel se detuvo otra vez porque “ya no se disponía de presupuesto para la compra de los materiales por parte de la Empresa Constructora de la Vivienda, encargada oficialmente de la obra”.

En la Asamblea Provincial del Poder Popular les explicaron que “(…) se detuvieron los planes constructivos por los daños provocados por el huracán Irma (…) que tendríamos que esperar para poder darnos una respuesta”, algo que no ha ocurrido, en tanto esperan sea tenido en cuenta su caso pues, según manifiestan en la misiva “son muy difíciles las circunstancias por las que estamos atravesando por no contar con un espacio propio para vivir”.


Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar