Lunes, 17 de junio de 2019 5:14 PM

Ley de EE.UU. beneficiaría a malversadores de dictadura batistiana

Descendientes de los testaferros del dictador Fulgencio Batista pretenden ser indemnizados por la Ley Helms-Burton, que Estados Unidos aplica hoy contra Cuba en su política de bloqueo económico.

La activación del Título III de la Ley Helms-Burton, desde el 2 de mayo pasado, busca, entre otras cosas, otorgarle el derecho de reclamación a quienes no eran ciudadanos de Estados Unidos, en concreto, a cubanos, cuando sus propiedades fueron nacionalizadas o se marcharon del país abandonándolas a principios de la Revolución.

Así lo refiere el diario Granma en un extenso artículo que recuerda la partida de Batista la madrugada del primero de enero de 1959, junto a más de un centenar de sus "principales compinches" y con buena parte de los fondos de la nación.

Entre quienes aspiran a recuperar las propiedades acumuladas durante la dictadura batistiana se encuentra José Ramón López, quien dice ser hijo del empresario cubano José López Vilaboy.

Se trata del entonces propietario del Aeropuerto de Rancho Boyeros, por donde huyó el dictador, de la compañía Cubana de Aviación, del hotel Colina y de otros inmuebles, que el Gobierno Revolucionario soberanamente confiscó, a tenor del Título III de la Ley Helms Burton.

El Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, encargado de tramitar las nacionalizaciones e intervenciones de propiedades mal habidas, abrió 27 expedientes a López Vilaboy y a su esposa por enriquecimiento ilícito, así como a otras 15 personas que aparecen como sus testaferros en compañías y negocios.

Por su parte, Fulgencio Batista era propietario de nueve centrales azucareros, un banco, tres aerolíneas, una papelera, una contratista, una transportista por carretera, una productora de gas, dos moteles, varias emisoras de radio, una televisora, periódicos y revistas.

También poseía una fábrica de materiales de la construcción, una naviera, un centro turístico, varios inmuebles urbanos y rurales, varias colonias, varias firmas norteamericanas y otros múltiples intereses, según reza en el libro Los propietarios de Cuba 1958, del investigador Guillermo Jiménez.

No es un libro politizado, expone solo datos, pero ilustra cómo mucho menos del uno por ciento de la sociedad cubana —que entonces reunía poco más de cinco millones de habitantes— concentraba la riqueza de la nación, mientras los índices de desempleo, insalubridad y analfabetismo flagelaban a buena parte de los cubanos.


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