Al amparo de la Helms-Burton

Bloqueo a Cuba La Compañía Azucarera Atlántica del Golfo S.A. fue la continuadora de los intereses en Cuba de la desaparecida Cuban Cane Sugar Corporation, fundada en 1915 en los Estados Unidos, consorcio que invirtió en los años de la Primera Guerra Mundial 50 millones de dólares en la compra de 17 ingenios en la Isla.

Fue la mayor compañía azucarera del mundo y dueña en Ciego de Ávila de los centrales Stewart, Jagüeyal, Morón, Violeta y Velasco, liderando la producción azucarera regional y, a su vez, propietaria de miles de caballerías de tierra mediante el latifundio improductivo. También lo era de Palo Alto, subpuerto para la exportación de azúcar y mieles que incluía almacén con capacidad para 38 000 sacos, caldera para generar vapor, tanques para el depósito de mieles y petróleo, patanas, teléfono, vehículo automotor de línea férrea, cuarterías de dos plantas y cerca de 300 kilómetros de vías férreas propias.

Luego de la quiebra de la Cuban… en 1929, y su remate judicial en 1934 por la irrisoria cifra de cuatro millones de dólares, la mitad de sus centrales serían demolidos, así ocurrió con el Jagüeyal y el Velasco; otros como el Violeta pasarían a nuevos propietarios, conservando varios la Atlántica, entre ellos, Morón y Stewart.

El segundo mayor grupo azucarero de Cuba y el primero de capital norteamericano, tenía una capacidad de producción de tres millones 336 000 arrobas de caña diarias, controlaban 550 millas de ferrocarril y una destilería en el central Morón, inactiva en 1958.

A partir de los años 50, los de la Atlántica comenzaron a liquidar sus intereses, tenían la intención de vender los seis centrales que aún controlaban. El 2 de enero de 1958 anunciaron un plan de liquidación que desató una lucha entre los diversos grupos que tenían intereses en ella: Julio Lobo, Fulgencio Batista, Francisco Blanco y la Sucesión de Falla Gutiérrez, siendo esta última la que lograría imponerse.

Después del triunfo de la Revolución, y ante las constantes agresiones del gobierno de los EE.UU. y la supresión a principios de julio de 1960 de la cuota azucarera que históricamente Cuba tenía asignada en el mercado estadounidense, el Gobierno Revolucionario dictó, al amparo de la Ley 851 de 1960, la Resolución No. Uno del 6 de agosto del propio año.

Ese día, mientras clausuraba el Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes, desde el entonces estadio del Cerro, el Comandante en Jefe daba a conocer la nacionalización, mediante la expropiación forzosa y, por consiguiente, se adjudicaban a favor del Estado cubano todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional, y los derechos y acciones emergentes de la explotación de sus bienes y empresas, que eran propiedad de las personas jurídicas nacionales de los Estados Unidos y operadoras de empresas en que tenían interés predominante nacionales de dicho país.

Ahora, los representantes de la compañía podrían reclamar y demandar ante los tribunales norteamericanos por su expropiación, una indemnización al Gobierno cubano, a pesar de que la Atlántica del Golfo no aceptó, en su momento, la compensación que mediante bonos otorgaría el Estado, como sí lo hicieron otras empresas foráneas.

¿Con qué pagarán los sufrimientos que hicieron padecer a trabajadores cañeros y azucareros? ¿Cuántas veces recuperaron el valor de lo invertido mediante el saqueo y la estafa, aplicando una política de monocultivo, monoproducción, monoexportación, y latifundismo que impedía el progreso?, preguntas que pudieran hacerse quienes al amparo del Título III de la Helms-Burton pretendan reclamar algo.